EFE - Eduardo Davis
En el proceso, que concluirá entre martes y miércoles y en el que Rousseff presenta hoy sus alegatos finales, la gobernante responde por lo que la acusación califica de “delitos de responsabilidad”, para los que la Constitución contempla como pena la destitución y la suspensión de los derechos políticos por un plazo de ocho años.
La presidenta, suspendida de sus funciones desde que se abrió el proceso, el pasado 12 de mayo, está acusada de haber emitido tres decretos que alteraron los presupuestos sin la venia del Congreso y de atrasos en depósitos en la banca pública que generaron costosos intereses y se configuraron como créditos, según la acusación.
Aunque ambas operaciones están prohibidas por la ley, los datos oficiales dicen que ese tipo de maniobras son más que comunes en la administración pública brasileña.
De hecho, fueron realizadas por otros gobernantes anteriores, pero siempre en montos muy inferiores y, en el caso de los atrasos con la banca pública, por unos pocos meses y no durante más un año, como ocurrió en el periodo de Rousseff.
Según el Banco Central, durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) los atrasos del Gobierno en depósitos similares fueron de una media de unos 1.000 millones de reales (unos 312 millones de dólares hoy).
En el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), que sucedió a Cardoso y antecedió a Rousseff, se registró en ese tipo de incumplimientos una media similar a la de Cardoso, aunque con picos que llegaron a 8.400 millones de reales (2.620 millones de dólares actualmente).
En el caso de Rousseff, los datos del Banco Central dicen que, a finales del año pasado, los atrasos en los depósitos del Gobierno para costear programas sociales y de apoyo a la agricultura ascendían a 58.680 millones de reales (unos 18.340 millones de dólares).
En todas esas situaciones, la banca pública, usada como agente de pagos, se vio en la necesidad de cancelar esos compromisos con sus propios recursos, lo cual está expresamente prohibido por las leyes, y el Gobierno debió pagar costosos intereses por sus demoras, con un efecto serio en el déficit fiscal.
Sobre la parte de la acusación que se refiere a esos créditos, la defensa alega que Rousseff no tuvo ninguna participación directa en esas operaciones, gestionadas por los ministerios de Hacienda y de Planificación.
Aunque lo acepta a medias, la acusación ha respondido que, si así fuera, Rousseff al menos incurrió en una grave “omisión” que la ley también condena con la destitución y la pérdida de los derechos políticos durante ocho años.
En cuanto a los decretos que alteraron los presupuestos sin antes ser debidamente aprobados por el Parlamento, los datos oficiales muestran que Cardoso emitió cerca de treinta, mientras que Lula dictó al menos una veintena.
La defensa de la gobernante argumenta que al menos 17 de los 27 gobernadores que tiene hoy el país han incurrido en maniobras de esa naturaleza, que reduce a “faltas” de carácter administrativo que, bajo su punto de vista, no pueden ser motivo para una destitución.
Sin embargo, y aunque haya sido aplicada unas pocas veces y sólo en casos de alcaldes, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que regula el uso del dinero público, tipifica esas operaciones como delitos de naturaleza administrativa, que castiga con la pérdida del mandato.
Según la defensa de Rousseff, el hecho de que otros gobernantes hayan incurrido en faltas similares, así sea en montos inferiores, y no hayan sido procesados demuestra que Brasil está frente a lo que califica de “golpe parlamentario”, pese a que el juicio tiene el aval de la Corte Suprema, como tribunal constitucional.
Para muchos expertos, más que en las maniobras irregulares, el “pecado” de Rousseff está en la pérdida de su apoyo parlamentario que, a diferencia de lo ocurrido con sus antecesores, se fundió al calor de una grave crisis económica y política.
El debilitamiento de Rousseff, de ese modo, permitió a sus adversarios valerse de mecanismos jurídicos, poco aplicados pero contemplados en las leyes, para promover un juicio polémico que se ajusta estrictamente al marco constitucional, al punto de que cada uno de sus pasos ha sido supervisado por la Corte Suprema.
