EFE
Rousseff fue condenada con la destitución este miércoles, tras una votación en la que 61 senadores la hallaron culpable de diversas irregularidades fiscales, frente a 20 que la consideraron inocente.
La apelación presentada este jueves por la defensa, que ha anunciado su intención de formular diversos recursos contra el proceso, exige de momento la anulación de esa votación, al menos hasta que la propia Corte Suprema se pronuncie sobre los principios legales en que se apoyó la condena.
Según la defensa, los cargos formulados contra Rousseff estaban basados en dos artículos de una ley en vigor desde 1950 en la que se definen los “delitos de responsabilidad” que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
Rousseff fue condenada por dictar tres decretos que alteraron los presupuestos sin una previa autorización del Congreso y por atrasos en depósitos que el Estado debería hacer en la banca pública para costear diversos planes del Gobierno, que, según sostuvo la acusación, acabaron por convertirse en créditos y generaron costosos intereses.
El primero de los artículos en que se apoyó la acusación castiga toda violación “de la ley de presupuesto” y el segundo la obtención de créditos por parte del Estado con entidades financieras públicas, que están bajo su propio control.
No obstante, en la apelación presentada hoy, la defensa sostiene que esos artículos “no son compatibles” con la Constitución de 1988, que, desde su punto de vista, “no incorporó” plenamente el texto legal que los contiene, conocido como “Ley de Impeachment”.
De esa manera, pide que el Supremo se pronuncie sobre la supuesta “incompetencia” e “ilegalidad” de los artículos de la ley de 1950 en que fundamentaron tanto la acusación como los 61 senadores que, con su voto, declararon culpable a la expresidenta.
La demanda ha caído en manos del magistrado Teori Zavascki, quien no tiene un plazo legal para pronunciarse y deberá decidir si esa acción puede ser admitida y llevada al pleno de la Corte Suprema, cuyo presidente, Ricardo Lewandowski, dirigió la etapa final del juicio contra Rousseff, como garante constitucional del proceso.
