La acción de ejecución de resoluciones judiciales en el fuero Civil y Comercial fue iniciada por el procurador adjunto, Pablo Rojas, con el fin de hacer efectivo el cobro de las cauciones real y personal.
En el caso, el magistrado Gustavo Amarilla, en enero de este año, había dispuesto la ejecución de las cauciones una vez constatada la fuga del empresario Wilmondes Souza Lira, quien tenía hasta ese momento arresto domiciliario.
Así, Atilio Augusto Alegre había prestado caución personal por la suma de 300.000 dólares, que es lo que ahora se le reclama.
Además, la señora María Cristina Fleitas había prestado caución real sobre un inmueble que se encuentra en la fracción Juan Pablo II, de la localidad de Hernandarias, en el Alto Paraná, valuado en 3.000 millones de guaraníes.
En ambos casos, se reclama hacer efectivas las cauciones que prestaron, teniendo en cuenta que se comprometieron a pagar en caso de la fuga del procesado.
En la causa, se espera ahora la audiencia preliminar, ya que la Fiscalía acusó a los coprocesados. Sigue prófuga también Dalia López.
