El resultado final es el beneficio de unos pocos, mientras que la mayoría permanece excluida, generando la sensación de que la acción gubernamental sirve solo para los grupos poderosos, tal como lo capta la encuesta de Latinobarómetro. El 88% de los encuestados opinan que se gobierna “para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio” y solo el 24% está satisfecho con la democracia. Estas percepciones ponen en riesgo no solo la gobernabilidad política sino también la estabilidad económica.
En segundo lugar, la histórica tradición de aprobar normas con el objetivo de cumplir con compromisos internacionales o demandas ciudadanas pero sin el sustento técnico ni financiero. Al final, la normativa termina siendo inaplicable porque no se consideraron suficientemente los contextos políticos, institucionales o culturales o porque se aprobó sin fuente de financiamiento con lo cual su implementación termina perjudicando otros sectores igualmente necesitados, ya que se sacan recursos utilizados de un sector para dárselos a otro, en un juego de suma cero donde para que unos ganen otros deben perder.
En tercer lugar, el diseño y la implementación de políticas públicas sustentadas en prejuicios o ideas preconcebidas, lejos de lo que en realidad ocurre o de lo que señalan las evaluaciones y la evidencia empírica tanto en el país como fuera. Ideas como “un país barato en impuestos y trabajo atrae inversión” u “obras públicas para generar empleo” no tienen sustento en la evidencia empírica internacional ni existen evaluaciones nacionales que aseguren los resultados esperados. Al contrario, los datos muestran que la atracción de inversiones no depende de los impuestos bajos sino de la seguridad jurídica y de la calidad de la fuerza de trabajo, y que la generación de empleo a partir de las obras públicas no es igual cuando se realizan viviendas que viaductos, por ejemplo.
Los mismos políticos que exigen seriedad en la gestión pública son, en muchos casos, quienes impulsan propuestas con soluciones rápidas, sin el adecuado sustento técnico y ni el debate necesario para garantizar el consenso.
En el mismo sentido se puede hablar de los empresarios que exigen eficiencia, cuando en realidad muchos casos de ineficiencia empiezan en la provisión de bienes y servicios desde el sector privado sobrefacturados.
El impacto, la eficiencia y la sostenibilidad de la gestión pública solo será posible en la medida en que todos nos comprometamos a construir una institucionalidad seria que beneficie al país antes que a intereses particulares. Para ello se requieren documentos técnicos a disponibilidad de la ciudadanía y un debate transparente.