Nuevamente, los trabajadores alegaron que el documento quebranta derechos constitucionales y fue elaborado sin consenso alguno con las centrales, por lo que solicitan que la propuesta sea retirada del Congreso.
Después de un extenso debate, el senador Enrique Riera adelantó que solicitará ante el pleno de la Cámara Alta la aprobación de un documento que exhorte al Poder Ejecutivo a retirar el texto hasta tanto sean levantadas totalmente las restricciones sanitarias de la pandemia, y se pueda instalar una mesa de diálogo y consenso, donde todos los sindicatos, en conjunto con el Poder Ejecutivo, puedan trabajar en un nuevo documento.
“El secreto de todo acuerdo está en conocer los verdaderos intereses, porque esos pueden ser satisfechos si son expuestos con franqueza. Nadie en su sano juicio puede llevar adelante una reforma que afecte a 300.000 familias sin tener el consentimiento de al menos la mayoría de los involucrados”, opinó el senador colorado.
Semanas atrás, el senador Jorge Querey anunció que el Frente Guasu va a solicitar que el Poder Ejecutivo retire el documento y haga los esfuerzos para un diálogo y consenso con los trabajadores.
Los sindicalistas cuestionan la falta de socialización del documento, la intención de duplicar los años necesarios para obtener la estabilidad laboral; y que la Secretaría de la Función Pública disminuya de rango para convertirse en una subsecretaría dependiente del Ministerio de Hacienda.
Enumeraron muchas cuestiones que señalan que atentan contra derechos laborales inquebrantables.