José Escauriza, jefe de la Unidad de Fiscalización Ambiental de la Comuna capitalina, explicó que los propietarios de empresas que se encuentran en infracción hicieron caso omiso a la notificación hecha por la institución municipal para regularizar la situación.
Explicó que todo el costo de los trabajos tendientes a desmontar estas estructuras será cargado a los dueños de esas firmas, además de las multas establecidas por Ordenanza 131 y gastos judiciales.
“Lleva mucho tiempo, personal y dinero. El uso de la grúa para llevar todos los materiales retirados al depósito municipal cuesta G. 500.000 y las multas pueden llegar a los G. 2.800.000. Poner en regla la gigantografía les sale más barato a quienes quieren promocionar sus productos”, puntualizó.