El Ministerio de Hacienda presentó al Congreso, a fines de agosto, el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2019. El plan de gastos estatal representa aproximadamente USD 13.800 millones, incluye un endeudamiento de USD 1.400 millones y un déficit de USD 652 millones (1,5% del PIB).
A diferencia del año pasado, donde los legisladores terminaron incorporando aumentos salariales por doquier en un desesperado intento de conseguir la mayor cantidad de votos en abril, en el estudio que se realizará este año no debería haber sorpresas.
De acuerdo con el planteamiento presentado por la cartera fiscal, el Gobierno Nacional espera tener un crecimiento del 7,4% en los ingresos tributarios con respecto a este año, lo que representaría USD 4.350 millones.
Este incremento previsto es considerado por analistas como moderado, pero adecuado. Esto, teniendo en cuenta que si bien la ampliación de la base tributaria y el combate a la evasión pueden redituar en una mayor recaudación, el análisis macro espera un difícil contexto regional y una probable caída internacional de precios de algunos de nuestros productos exportables.
Habiendo considerado este panorama, es no solo conveniente, sino primordial, que los parlamentarios respeten la estimación de ingresos que elaboró la cartera fiscal.
Conceder aumentos salariales o incrementar otros tipos de gastos, por encima de lo que el Estado puede recaudar, es una trampa que los congresistas suelen colocar a las instituciones y, sobre todo, a los funcionarios públicos. Es como prometer cultivos en terrenos no fértiles. Si no hay ingresos, no se pueden financiar los gastos, así de simple.
Es también no menos importante que los demás ministerios o secretarías de Estado entiendan el rol del Ministerio de Hacienda como cabeza del Equipo Económico en la elaboración del presupuesto, la estimación de ingresos y el control de los gastos. Ir a solicitar aumentos por encima del techo establecido y sin un dictamen técnico fiscal, tampoco debe ser una opción.
El PGN 2019 está ahora en manos de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Este comité está compuesto por representantes de ambas cámaras del Congreso, quienes deben realizar sesiones deliberativas hasta fines de octubre y luego deben emitir una recomendación para el tratamiento del proyecto en Diputados.
Los gremios empresariales y de trabajadores ya hicieron un llamado a controlar y mejorar la calidad del gasto, priorizando educación y salud. Se espera que los legisladores sepan escuchar.