El poblador Édgar Martínez Sacoman, quien se convirtió en un activista social involucrado en la producción y utilización del aceite de cannabis o marihuana para uso medicinal, luego de que su madre hubiera fallecido tras cinco años de lucha contra el cáncer, fue condenado el martes a cinco años de cárcel por tenencia sin autorización de la droga, por un Tribunal Colegiado de Ciudad del Este, presidido por la jueza Zunilda Martínez.
Esta es la segunda condena contra Martínez Sacoman. En un primer juicio, desarrollado en el 2017, fue condenado a 2 años y 6 meses, pero el fiscal de la causa, Elvio Aguilera, pidió y logró que se anule el fallo, alegando que la sentencia era muy leve. Esta vez obtuvo que se le den cinco años.
Lo llamativo es el ensañamiento que el sistema de Justicia ha demostrado contra una persona, contra la que no existen evidencias de que se haya dedicado a la venta de drogas según el esquema del narcotráfico. Por el contrario, numerosos testimonios dan cuenta de que el ahora condenado fabricaba en forma casera el aceite de cannabis exclusivamente para uso medicinal que era utilizado por personas —principalmente, niños— con enfermedades convulsionantes, como la epilepsia refractaria. El fiscal aduce que él vendía ese aceite. Los beneficiarios sostienen que lo regalaba. Ninguno de ambos puntos se develó en el juicio.
Es verdad que la posesión de cualquier tipo de marihuana está penada por la ley, aunque cuando se establecieron las penas aún se desconocían muchos detalles sobre los beneficios del aceite de cannabis en la salud. Cuando la Policía irrumpió en el hogar de Martínez Sacoman, en julio del 2016, se encontraron unos 100 gramos de planta de marihuana que ya se encontraba en proceso de extracción, sumergida en agua y congelada en la heladera. Es decir, la droga ya no podía servir para su consumo como estupefaciente, solo para su procesamiento medicinal.
Tras la detención y el procesamiento del poblador esteño, en enero del 2018, el presidente Horacio Cartes promulgó la Ley 6007 que legaliza el uso de la planta de cannabis y sus derivados con fines estrictamente medicinales. Sin embargo, los beneficios de esta ley no se pudieron aplicar en el caso de Martínez Sacoman. En un principio solo se permitió usar aceite importado del exterior, a precios muy elevados (aunque, contradictoriamente, el Paraguay es considerado el mayor productor regional de marihuana). Actualmente se permite que un laboratorio produzca el aceite a nivel local, pero los pacientes y los integrantes de la organización Mamá Cultiva siguen reclamando por el alto costo en que se comercializa y demandan la liberación de la producción casera con el debido control del Ministerio de Salud.
Sorprende que la dureza que ha demostrado la Justicia en el caso Martínez Sacoman no se aplique de igual modo a los legisladores y políticos acusados de graves delitos y hechos de corrupción, que siguen impunes con base en chicanas. También sorprende que el fiscal —que se ha mostrado tan implacable en este caso— no lo haya sido cuando arrestó en agosto del 2014 al concejal y presidente de la Junta Municipal de Hernandarias, Víctor Samuel Servián, tras hallar 136 kilos de marihuana prensada en su granja, pero lo liberó al día siguiente.