Las mismas pretenden brindar más liquidez al sistema financiero mediante capitalización del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH); junto con la creación del fideicomiso, además del Fogapy, a fin de respaldar los créditos otorgados a las mipymes, bajo administración de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
Durante su exposición, César Cerini, presidente del CAH, explicó que recibieron 120.000 millones, de los cuales fueron utilizados hasta el momento unos G. 65.900 millones. De esa manera, el CAH lleva ejecutado 54,9% de ese fondo disponible.
Por su parte, José Maciel, titular de la AFD, detalló que la entidad a su cargo dispone de USD 224 millones para tres instrumentos financieros: un producto para reconversión de operaciones crediticias, el fideicomiso y Fogapy. Para el primer instrumento, la AFD dispone de G 120.000 millones, pero ejecutó apenas G. 25.000 millones (20,8%). Este producto está dirigido a refinanciar deudas de corto plazo, preferentemente para las mipymes, dijo Maciel.
Respecto al fideicomiso, expresó que poseen un capital total de G. 712.590 millones, que están dirigidos a cooperativas y casas de créditos para que las mismas puedan hacer llegar el dinero al prestatario final. De este monto se desembolsaron apenas G. 56.000 millones (7,8% de ejecución) a 14 cooperativas y 6 casas de créditos, mencionó.
Asimismo, el Fogapy cuenta con un capital global de G. 740.000 millones. Según Maciel, de ese total, a hoy se otorgó el 19% en garantía.
SITUACIÓN. La concesión de los créditos depende de las entidades financieras del sector privado; hoy son 37 las que cuentan con las líneas de garantías del Fogapy, para respaldar esas operaciones. Sin embargo, esos créditos no están siendo otorgados con fluidez debido al alto riesgo que representan hoy las mipymes.
Más dinero para salarios y deuda que para subsidio
Los datos oficiales muestran que el Gobierno destinó más recursos del fondo de emergencia al pago de salario público y al servicio de la deuda que al subsidio para trabajadores formales e informales. Según el reporte, se gastaron un total de USD 243 millones en salarios de médicos, docentes, policías y militares, y se destinaron unos USD 20,7 millones al pago de servicios de la deuda (intereses y comisiones), totalizando de esa manera unos USD 263,7 millones ejecutados. Al pago de servicio de la deuda aún se prevé destinar unos USD 56,3 millones, mientras que la financiación del salario público dependerá de la recuperación de los ingresos tributarios.
Si bien al programa de Pytyvõ se desea destinar USD 300 millones, a la fecha se han ejecutado USD 186,2 millones. El mismo está dirigido a brindar un subsidio monetario de G. 548.210 a trabajadores afectados por el Covid-19.
El subsidio a los trabajadores formales, inscriptos en el Instituto de Previsión Social, también muestra baja ejecución. De los USD 100 millones disponibilizados, IPS transfirió a la fecha apenas 26,5 millones.
