Lourdes González, directora general de los Registros Públicos, cuestionó el proyecto de ley de garantía mobiliaria porque busca otorgar al Banco Central del Paraguay (BCP) atribuciones que competen a su institución. Lamentó que no se le haya consultado su parecer.
Las comisiones de Legislación, de Hacienda y Presupuesto, y de Economía y Cooperativismo del Senado realizaron ayer una reunión conjunta con representantes del Ejecutivo, de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) y el sector privado sobre los tres proyectos con los cuales se busca mejorar el clima de negocios.
La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, fue la encargada de exponer sobre cada una de las propuestas y posteriormente se dio inicio a un debate.
El proyecto de ley más discutido y rebatido finalmente por la titular de los Registros Públicos fue el de garantía mobiliaria. “Para nosotros va de contramano absolutamente con nuestro sistema jurídico nacional, a nuestra cultura jurídica igualmente y realmente lo que hay que hacer en este país es fortalecer las instituciones que ya están y no seguir creando nuevas estructuras para hacer lo mismo”, dijo González a ÚH.
“Le quieren dar atribuciones registrales al BCP, es una locura, realmente a nosotros no nos parece atinado. La institución con mayor competencia y 150 años de existencia es el Registro Público”, añadió.
Explicó que con el proyecto de ley se pretende otorgar el registro prendario, que hoy funciona bajo la estructura de la DGRP, al BCP. “Es un mal llamado registro, en realidad, es una plataforma informática en la cual el acreedor se convierte en registrador y, por supuesto, todos los entes financieros y bancarios están muy felices con esta ley. Pero realmente acá se desprotege absolutamente a los deudores, a todo el sistema, so pretexto de abaratar costos y ganar celeridad”, lanzó.
La ministra Liz Cramer dijo, por su parte, que Registros Públicos supo del proyecto ya con antelación.
PROPUESTA. Con el proyecto de ley de garantías mobiliarias se pretende que las mipymes logren un mayor acceso al crédito, al poder presentar como garantía sus maquinarias, insumos, flujos de caja y cuentas con proveedores. Propone la adopción de un sistema único de inscripción de garantías mobiliarias, el cual se prevé que sea administrado por el BCP.
