Este tipo de sanción ha sido practicada sistemáticamente durante la era del chavismo, apuntando a dirigentes con amplia popularidad como Machado, quien ganó las primarias de la oposición y es favorita en las encuestas, pero quedó inelegible para los comicios del 28 de julio en los que el presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato.
Las sanciones fueron anunciadas por un período de 15 años para los alcaldes Elías Sayegh del municipio El Hatillo del Área Metropolitana de Caracas, y José Antonio Fernández López del municipio Los Salias del estado Miranda (centro).
También fueron inhabilitados por 15 años los exdiputados Tomás Guanipa y Carlos Ocariz, excalde del municipio Sucre (2008-2017), mientras que la sanción fue de 12 meses para el exparlamentario Juan Carlos Caldera. Todos copartidarios del dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, otro inhabilitado por la Contraloría, en 2017.
Los cinco inhabilitados son “potenciales candidatos a cargos regionales y parlamentarios”, indicó Eugenio Martínez, experto en temas electorales, en un mensaje en X.
En 2025 deben celebrarse elecciones a alcaldes y gobernadores en Venezuela.
Dirigentes y partidos opositores de Venezuela repudiaron las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General. El candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) –el principal bloque opositor–, Edmundo González Urrutia, expresó su solidaridad con los sancionados.
“Repudiamos las nuevas inhabilitaciones..., una muestra más de la urgente necesidad de recuperar el Estado de derecho en nuestro país”, expresó el ex diplomático en X.
En la misma red social, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de usar la Contraloría “como brazo ejecutor de su visión represiva y antidemocrática”. AFP-EFE
