La diligencia estaba programada para las 8:15 de ayer, pero a las 7:45 se presentó la recusación por parte del abogado Igor Cáceres, defensor de Carlos Turitich, con lo que finalmente esta debió suspenderse.
Justamente, la defensa de Turitich, junto con la abogada Sara Parquet, defensora de Marcelo Ovelar, el día antes había solicitado la reposición del plazo, debido a que no pudieron acceder a las copias de parte del expediente y de la carpeta fiscal.
Sin embargo, este pedido fue rechazado, y el juez advirtió a las defensas que serían pasibles de sanciones disciplinarias si es que persistían en sus constantes pedidos de suspensión.
Con esto, la audiencia debía realizarse, pero la defensa de Turitich recusó al juez por supuesta parcialidad y falta de independencia, a raíz del rechazo del pedido de reposición del plazo judicial.
Ante la recusación, la audiencia se tuvo que suspender. El magistrado elevó un informe al Tribunal de Apelación en lo Penal, que deberá resolver la cuestión, con el fin de continuar con el proceso.
ACUSACIÓN. Además de Melgarejo Ginard, en la causa están acusados Marcelo Rubén Ovelar, Luz María Chaparro, Fernando José Gallardo, el ya citado Carlos Turitich, así como los directivos de la firma Proyecto Global SA, Katherine Toñánez y Carlos Alberto Vargas.
En el caso, se habla de supuesta lesión de confianza, donde se menciona acerca de un supuesto perjuicio patrimonial de G. 119.960.000, por la supuesta compra sobrefacturada de tapabocas.
La adquisición por parte de la Dinac de 4.000 mascarillas se realizó por compra directa por G. 29.990, cada uno, cuando que, según el Ministerio Público, los tapabocas estaban a solo G. 15.000 cada uno.
Sin embargo, la defensa sostiene que no existe daño patrimonial, ya que la empresa devolvió todo el dinero pagado por la institución, además de dejar los tapabocas en donación.
Con ello, se pide que en la preliminar estén los representantes de la Procuraduría, a más de la Dinac, teniendo en cuenta que hablan del pedido de la extinción de la acción penal por la reparación del daño. Sin embargo, la Fiscalía no está de acuerdo con esto.