Cada nombre puesto en la reja de la fachada del Ministerio de Salud fue escrito a mano. Algunos de ellos por los mismos familiares de los fallecidos a causa del virus.
Entre los nombres figuraba el de Zunilda Mareco, quien falleció hace unos días. Lo escribió su compañero de vida, Miguel Fleitas. Ambos trabajadores sociales. “El fallecimiento de ella y de muchas otras personas es a consecuencia de un Estado fallido, corrupto e inexistente”, se descargó Fleitas.
Según contó, el deceso de su compañera se dio a consecuencia de un cuadro Covid tratado de manera errónea en el IPS Central. Le recetaron de manera errónea azitromicina, según dijo. Eso le afectó el estómago, siguió relatando Fleitas.
Posteriormente en otro control médico le advirtieron del error en la medicación. El cuadro de la paciente se agravó. En sus últimos días recibió atención más cuidada en un centro asistencial privado. Luego de diez días se produjo el deceso. “En total, gastamos alrededor de 16 millones”, contó.
ACTO Y SOLICITUD
La actividad denominada Duelo Social Paraguay fue impulsada por la Asociación Latinoamericana de Medicina Social-Paraguay (Alames Paraguay), la Coordinadora Derechos Humanos Paraguay (Codehupy) y Amnistía Internacional Paraguay.
Además del acto simbólico, las organizaciones hicieron llegar a la cartera sanitaria una solicitud para que se cree un comité de crisis en esta pandemia. Dicho comité debe estar encabezado por el MSP, señalan. Una de las medidas que deberán llevarse adelante es declarar de bien público todos los medicamentos para tratar el Covid y que sean adquiridos por el Estado sin sobreprecio. Que se lleve adelante una ley de precios de dichos medicamentos y que se establezca un control sobre ellos, con sanciones para quienes especulen con los costos.
La cartera sanitaria deberá tomar todo el control del sistema de salud, tanto público como privado. También la contratación de más personal para poder cubrir a los actuales y gestionar de manera soberana la compra de vacunas.
La Justicia ordenó al Ministerio de Salud cubrir una deuda de G. 130 millones por la internación de una paciente en UTI del Hospital Universitario tras una acción de amparo. La paciente falleció finalmente.