A unos G. 304.000 millones (USD 43 millones) asciende la deuda del Estado con 18 centros asistenciales, miembros de la Asociación Paraguaya de Sanatorios y Hospitales Privados.
La asociación presentó en conferencia de prensa el informe del servicio prestado a Salud, con unas 5.717 internaciones, 2.072 en UTI y 3.645 en sala, y pidió que el Gobierno “honre su compromiso”, al momento de decir que están en conversación constante y que el Estado conoce la situación.
La deuda –según refirió el vicepresidente de la asociación, Dr. Raúl Doria– creció con el ingreso de las leyes del Fondo Nacional y Ley de Gasto Cero. Remarcaron que al inicio se manejaba un convenio que había hecho efectivos los pagos.
“La ley creció, las necesidades y la deuda que el Estado tenía con nosotros. Del 50% de pacientes que atendíamos del sector público con el convenio, pasamos a tener el 100%. Y como el Ministerio de Salud dejó de pagar, la deuda creció exponencialmente”, explicó.
En este sentido aclara que el cobro de unos más de G. 107.000 millones corresponden a pagos por internaciones realizadas bajo el convenio firmado en setiembre del 2020 y que los G. 304.000 millones restantes son en su totalidad por los gastos de las Leyes 6742 y 6725.
Actualmente –según recalcó Doria– están en una difícil situación económica. “No tenemos recursos para cumplir nuestras obligaciones con proveedores, farmacéuticas y con nuestros generales que estaban en el campo de batalla, que son nuestros médicos tratantes”, refirió Raúl Doria. En otro punto, Raúl Doria señaló que destinaron altos recursos en poco tiempo. “Nosotros llegamos a crecer a un total de 263 camas en UTI y 667 camas comunes. Unas 800 camas es un hospital entero que se creó en menos de un año”, recalcó.
Doria, además, subrayó problemas con los montos fijos, con el convenio se establecieron las primas de 13 millones diarios en UTI y 5 millones para internación, esto dijo, fue antes del colapso y no tuvo los reajustes por falta de insumos con lo que su sector, tuvo que asumir los costos.
Además lamentaron que se hagan leyes sin fondos. “La Ley 6725 de cobertura total en UTI provenían de USD 30 millones, excepto de ley de emergencia, los fondos de Itaipú y Yacyretá, fondos que con el tiempo nos dimos cuenta de que no tenían”, comparte Raúl Doria y añadió que están recibiendo pagos de Hacienda por un sistema normal de pagos por Fonacide. “Si sigue así, vamos a cobrar en 10 años”, acotó.
Por su parte, el presidente de la asociación, el Dr. José Zarza, mencionó que la alianza evitó escenarios catastróficos. “La alianza público-privada logró que en nuestro país la crisis sanitaria no haya sido tan dramática, si bien debemos decir que hubo mucha gente que finalmente no pudo llegar a una cama, pero no vimos, lo que lamentamos haber visto en otros países”, señaló.
Y, ante una tercera ola anunciada por Salud, enfatizó que esperan internaciones masivas. “Tenemos más de 900.000 personas, mayores de 50 a 60 no vacunadas, esas van a ser víctimas fáciles con la variante delta, por lo que queremos que la gente sepa qué hizo el sector privado y al Gobierno le pedimos que honre su compromiso”. Finalmente dijo que esperan cobrar antes del embate, pero que igual seguirán. “Con las leyes vigentes no existe manera de negarnos a atender; sin embargo, vimos que sanatorios cerraron porque no podían seguir prestando servicios”, puntualizó Zarza.
Con las leyes vigentes no existe manera de negarnos a atender; sin embargo, vimos que sanatorios cerraron porque no podían seguir prestando servicios. Dr. José Zarza, Asociación de Sanatorios.