La EBY informó que, el pasado 8 de octubre, la jueza argentina María Rita Ailán rechazó la denuncia y el pedido de medida cautelar que hizo la empresa José Cartellone para frenar la licitación de Añá Cuá. La compañía buscaba evitar la firma del contrato para las obras civiles (licitación 670) con el consorcio Astaldi - Rovella - Tecnoedil.
Según la denunciante, el consorcio no tiene la capacidad financiera para llevar adelante los trabajos y objetó irregularidades en la adjudicación. Carlos Yorg, coordinador paraguayo del proyecto, indicó que ahora el camino está más liberado para firmar el contrato, aunque aclaró que, desde un primer momento, la EBY defendió el proceso. La rúbrica se daría la próxima semana.
Juan Carlos Duarte, asesor jurídico de Yacyretá, comentó que la denunciante alegó que Astaldi tenía un concordato de acreedores, pero esa figura llegó a su fin porque recibió un oxígeno financiero de 300 millones de euros. Además, la jueza recalcó que el consorcio tiene un responsable paraguayo (Tecnoedil) y argentino (Rovella), los cuales podrán cumplir en caso de que Astaldi no lo haga.