La acción fue planteada contra la resolución del 20 de abril del 2021, dictada por el Tribunal de Apelación de Central, que revocó la resolución del juez y dispuso la prisión preventiva de la misma.
La resolución fue dictada en forma unánime por los ministros Antonio Fretes, César Diesel y Víctor Ríos, quienes entendieron que la acción no cumplía con los requisitos para su estudio.
La acción señalaba que la resolución de los camaristas violaba los artículos 11, 19 y 256 de la Carta Magna, sobre la privación de libertad, de su aplicación excepcional y de la forma de los juicios.
Dicen los ministros que la acción es dirigida contra la modificación de las condiciones impuestas en las medidas cautelares a su persona, las que, al no ser definitivas, son modificables en cualquier estado del proceso.
Con ello, dicen que esto impide que por la vía de la inconstitucionalidad pueda ser impugnada, por lo que la rechazan in límine.
