Bajo la carátula “Rodolfo Duarte López y otros s/ producción de documentos no auténticos”, la Fiscalía de Delitos Económicos reactivó el caso de apelación por parte de la Comuna capitalina del fallo de un laudo arbitral que condenó a la institución municipal a pagar a Ivesur USD 3,6 millones.
Es solo para determinar la responsabilidad penal. No interfiere en el acuerdo entre Ivesur y la Comuna sobre exoneración de dicho pago.
El concejal Orlando Fiorotto fue convocado por la agente fiscal Yolanda Portillo para prestar declaración testifical.
El edil sostuvo que esta reactivación es de fundamental importancia para determinar la responsabilidad o no de los funcionarios públicos que asumen ese compromiso en nombre del Municipio, en este caso, el ex asesor jurídico Enrique García (hoy contralor) y el intendente Mario Ferreiro, a quien el artículo 51 de la Ley Orgánica Municipal le confiere la representación jurídica de la institución y la potestad de delegar esa función.
El edil declaró que la Dirección Jurídica procedió supuestamente a ocupar a un funcionario (Rodolfo Duarte) a presentar la apelación el día del vencimiento del plazo que se tenía. “En audiencia con la doctora Valentina Núñez, miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Primera Sala, y con el doctor Alejandrino Cuevas, presidente de la Quinta Sala, se dijo que se creía mucho más necesario responsabilizar de ello a un profesional abogado, de los casi 60 con que cuenta el Municipio”, puntualizó.