25 abr. 2024

Ratifican condena de 25 años para militar

La Sala Penal de la Corte ratificó la condena de 25 años de cárcel para un sargento primero que en estado de ebriedad, el 21 de agosto del 2018, en la estancia Agüerito, mató a un camarada e hirió a otros dos, todos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

La resolución afecta a Francisco Rojas Barrios, quien ya fue dado de baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas. El defensor de reos pobres de la Justicia Militar, Epifanio Jara Pérez, planteó un recurso extraordinario de casación en contra del citado fallo.

En forma unánime, los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera declararon inadmisible el recurso planteado por la defensa en contra de la sentencia del 21 de agosto del 2019, por el juez de Penal Militar del tercer turno.

La defensa promovió la casación del fallo, pero los ministros señalaron que, según la Ley Penal Militar, contra las sentencias recaídas en los juzgados militares se puede promover el recurso de apelación y nulidad y no el recurso extraordinario de casación.

Así entendieron que el recurso planteado no era el que debía presentarse, por lo que declararon inadmisible. Con ello, quedó firme la sentencia dictada por el juez militar en contra del sargento primero, quien cumple con su condena en el Penal Militar de Viñas Cué.

En el caso, falleció el sargento primero Aníbal Flores Ramírez, que recibió dos impactos de bala. Fueron heridos los vicesargentos primero Pablo Damián Díaz y José Barrios Morel, quienes sufrieron heridas en la clavícula y en el pie, respectivamente.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.