La representante legal del Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó acusación formal por faltas graves en el ejercicio de la función administrativa contra el ex director de la Dirección Operativa de Contrataciones (DOC) y otros tres integrantes del Comité de Evaluación (CE), en torno al sumario abierto por la serie de irregularidades halladas en el contrato para la compra de insumos chinos, adjudicada a las firmas del clan Ferreira.
La acusación se presentó el pasado 14 de agosto ante el juez instructor, Carlos Meza, quien lleva adelante el sumario administrativo, desde el 26 de junio pasado, contra Pablo Lezcano, ex director de la Dirección Operativa de Contrataciones (DOC); Mirta Morán Maldonado, Gustavo Cuevas Ayala, ambos de la Dirección General de Insumos Estratégicos, y Pedro Adrián Santander, de la Dirección Administrativa del MSP. Todos tomaron parte como miembros del CE.
Dolly Leiva, una de las abogadas designadas para representar a la cartera sanitaria como parte actora del sumario administrativo, afirmó que la acusación se solventa en las falencias y vicios administrativos enumerados por la Contraloría General de la República (CGR), la Comisión Especial de Supervisión y Control de las compras Covid-19 (CESC), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y una auditoría forense interna.
“Esta representación dividió las responsabilidades; las que recaían sobre el entonces director de la DOC y los integrantes del comité y les adjudicamos las observaciones a cada uno”, señaló la abogada.
En efecto, la CGR en su informe del 21 de mayo expuso 13 observaciones sobre vicios e irregularidades administrativas en el proceso de adjudicación que favoreció a las firmas Imedic SA y Eurotec SA, del clan Ferreira, para la compra urgente de insumos hospitalarios.
Uno de ellos hace referencia a la “incongruencia entre los datos de la licitación publicados en el portal de la DNCP y lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, referente al anticipo financiero”; así como “incongruencia en el pliego referente al sistema de adjudicación”.
Los sumariados presentaron testigos, entre otras documentaciones. El juez instructor también pidió más informes. Ahora, los funcionarios tienen tiempo hasta el lunes próximo para contestar a la acusación. “En la etapa probatoria esta representación no consideró que hayan sido desvirtuadas esas observaciones”, señaló al referir que ratificaron “todo el contenido del expediente y en todo lo expresado por la Contraloría”.
Leiva contó que analizaron, a su vez, el probable hecho de malversación, pero no se configuró. “Solo se vio un incumplimiento dentro de sus funciones”, recalcó.
El juez Meza tendrá hasta el 25 de setiembre para emitir su dictamen, cuando se cumplan los 60 días hábiles desde el inicio del proceso.
Se prevé que para el 26 de agosto próximo, la Dirección Anticorrupción del MSP emita su recomendación sobre la responsabilidad de los funcionarios contratados que integraron el Comité de Evaluación y fueron investigados en esta causa: el abogado Diego Sosa Jara, el médico Augusto Portillo Delvalle y la bioquímica Larizza Gines Cantero.
Ministerio recupera dinero del anticipo
La empresa aseguradora Patria SA de Seguros y Reaseguros depositó ayer en una cuenta del Ministerio de Salud Pública (MSP) el pago por la póliza del anticipo financiero otorgado a la firmas Imedic SA y Eurotec SA, junto a la multa de fiel cumplimiento de contrato.
Ambos conceptos suman un total de G. 25.566.150.000.
“Ahora está en el área de la Dirección General de Administración y Finanzas velar, utilizar y/o destinar esos fondos recuperados”, apuntó Carlos Espínola, director de la Dirección de Normas y Verificación Contractual del MSP.
El anticipo concedido a ambas firmas fue G. 17.044.000.000.
El dinero fue entregado por el Ministerio, junto a una orden de compra, para la “adquisición urgente de insumos y camas para Covid-19”.
El retraso en la entrega del cargamento, proveniente de China, hizo que se ampliara por dos semanas la cuarentena total a mediados de abril. Finalmente los insumos, en su mayoría equipos de protección personal, fueron rechazados por incumplir con las especificaciones técnicas y otras inconsistencias.
