El TSJE se creó para organizar, controlar y juzgar elecciones. Sin embargo, su presupuesto promedio de 600 mil millones de guaraníes le convirtió en un centro de pulseada política. Es donde se juntan operadores políticos pagados por el Estado. Generalmente, estos son contratados y oscilan los 4.000 actualmente. El manejo de los contratos políticos, el dominio de la institución desde el punto de vista administrativo a nivel país y el poder propio que da la entidad electoral convirtieron a Alberto Ramírez Zambonini en un intocable en el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Ramírez se instaló en el TSJE desde su creación en 1995 y sigue hasta hoy. Sorteó siete intentos de juicio político, de los cuales resaltan los del 2008, 2009 y 2011. Ahora nuevamente enfrenta un desafío similar, cuyo resultado sabremos en los próximos días.
Históricamente, la iniciativa parte de su eterno enemigo, el poderoso senador colorado Juan Carlos Galaverna, que hoy nuevamente arremete contra el magistrado.
El 11 de abril del 2008 se publicó una declaración de Galaverna de que Ramírez tenía 9 vehículos a su disposición y 20 funcionarios. El político colorado presentó un proyecto de declaración contra Ramírez.
Los opositores rechazaron. En ese tiempo, varios diputados de la ANR, PLRA y Unace también intentaron presentar un pedido de juicio político contra Ramírez, pero al final no se concretó por falta de posibilidades reales para su aprobación. Galaverna había aprovechado la coyuntura electoral para hacer la denuncia.
Suma y sigue. Otro intento fue el 1 de diciembre del 2009. La Cámara de Diputados ya había aprobado el juicio político a Ramírez Zambonini. Nuevamente, con un intenso lobby, Ramírez logró postergar el proceso en la Cámara de Senadores. La acusación había quedado encajonada.
El 14 de abril del 2011, el entonces diputado Luis Gneiting, hoy gobernador de Itapúa, presentó un proyecto de resolución que dejaba sin efecto otra acusación de mal desempeño contra Ramírez y se archivó el proceso. Un total de 59 diputados aprobaron el proyecto de Gneiting.
Este juicio tuvo como antecedente la denuncia del senador Galaverna, quien dijo que Ramírez había presentado su tesis doctoral copiando íntegramente el libro escrito por los argentinos Alicia Pierini y Valentín Lorences, bajo el título de Financiamiento de los Partidos Políticos para una Democracia transparente.
Ramírez arregló con los autores el problema de plagio, según había informado.
La oposición peleó en defensa de Ramírez porque, si se iba, el control de la institución pasaba a cargo de los colorados. Entonces, el otro miembro opositor, Rafael Dendia, estaba renunciante.
DEFENSA POLíTICA. “Lo peor que pueden hacer es sacar del cargo al ministro Ramírez en momentos en que ni siquiera se llenó la vacancia producida por la renuncia de Dendia. Para el partido liberal, Ramírez es una pieza de equilibrio”, dijo en aquella ocasión Amanda Núñez, entonces titular del PLRA.
En abril de este año se producía la misma situación que en el 2011. Si salía Ramírez del TSJE y no se elegía otro miembro rápidamente, las elecciones municipales del año que viene estarían a cargo de dos integrantes: Jaime Bestard (ANR) y María Elena Wapenka, a quien los opositores ven como procolorada.
En una sesión del Senado, Desirée Masi, del PDP, dijo entonces: “Tenés un 2 a 1. A. Ramírez Zambonini que es liberal, le tenés a Jaime Bestard que es colorado y a Wapenka que supuestamente es independiente o del Encuentro Nacional, pero responde al vicepresidente (Juan) Afara. Entonces estamos 2 a 1; nosotros no vamos a apoyar nada que sea un 3 a 0".
En esta arremetida contra Ramírez en abril pasado, nuevamente fue Galaverna el denunciante por presunto negociado de alquileres. Inclusive, logró que la Fiscalía intervenga la administración del TSJE, porque, según dijo, estaría triplicando el precio de los alquileres.
La arremetida de Galaverna fue constante. Luego de la denuncia contra Ramírez se dio la salida de su amigo, Carlos María Santacruz, de la Dirección de Registro Electoral. Interinó en este cargo un técnico, Carlos María Ljubetic. Galaverna logró que este dé un paso al costado y el cargo quedó vacante hasta que asumió días atrás Matías Fernández, uno del equipo político del legislador.
NUEVo. El juicio político impulsado ahora de nuevo por Galaverna y resistido en el PLRA, es porque Ramírez firmó una resolución que habilitó a Carlos Rubén Sánchez Garcete, alias Chicharô, como diputado suplente de la ANR, y porque permitió la candidatura de Vilmar Neneco Acosta, ex intendente prófugo de Ypejhú, ahora buscado por el asesinato del periodista Pablo Medina y su acompañante. Además, lo denuncia porque tiene 12 vehículos del Estado para su uso privado, funcionarios, choferes, seguridad, etc., todo pagado por el Estado.
Ramírez le retrucó diciendo que Galaverna no tiene la altura moral para pedir su juicio, porque confesó el fraude electoral a Luis María Argaña.