Ramírez Zambonini es el único ministro del TSJE que está desde su integración, hace 20 años, en 1995. Capeó todas las tormentas, desde las más benignas hasta las más impetuosas.
Sin haber aprendido aún con dos décadas de ejercicio de sus funciones que como ordenador de gastos –el que toma las decisiones de contrataciones de funcionarios y las adquisiciones de materiales de trabajo– está obligado a actuar responsablemente, cuidando el dinero de los ciudadanos que el Estado le confió, continúa firme en el cargo.
Su permanencia, entre otras razones, obedece a la generosidad con que maneja los recursos destinados al TSJE por el Congreso y desembolsados por el Ministerio de Hacienda.
Su condición de operador del esquema clientelista, conectado a los partidos políticos tradicionales que se instauró en la Justicia Electoral por un sistema de cupos, le ha dado un blindaje inexpugnable hasta el momento.
El último escándalo que protagoniza es el de la contratación de personas íntimamente ligadas –en la actualidad o en un pasado cercano– a un amigo suyo, Manuel Radice.
Ramírez Zambonini, actual vicepresidente del organismo legal encargado de organizar y juzgar las elecciones, admite que él fue el que contrató a las personas vinculadas al político de su partido, el Liberal Radical Auténtico (PLRA). Aunque aclara que no les contrató para cobrar sin trabajar, como planilleras, confirma que por su voluntad ingresaron a la institución donde él decide quién va a entrar y quién no.
Con la arrogancia propia de los se saben impunes, dijo que no podía pararse en la puerta para controlar la asistencia de los funcionarios del TSJE. Desde luego nadie le pide eso, pero lo que sí la ciudadanía le exige, porque le paga un salario que sale de sus impuestos, es que no regale cargos a gente vinculada a un amigo suyo.
Su deber de ordenador de gastos es gerenciar correctamente los recursos del Estado puestos a su disposición. Hacer lo contrario, regalando salarios a quienes no trabajan, es un imperdonable abuso de autoridad. Su actitud es una muestra de abuso de poder y responde a la visión patrimonialista de los bienes del Estado: su administrador considera suya la institución de la que solo es un ordenador de gastos temporal.
El ministro dijo también a los periodistas que no solo por intermedio de él, sino también “a través de otros despachos”, entra personal que no concurre a la sede de su compromiso laboral. Obviamente el plural alude a los otros dos ministros del TSJE: Jaime Bestard y María Elena Wapenca.
Ramírez Zambonini, en conocimiento de irregularidades, tiene el deber de denunciarlas al Ministerio Público, porque, de lo contrario, es cómplice del despilfarro del dinero público. Si no lo hace, reconfirmará que no tiene ningún interés en cuidar con responsabilidad el dinero de todos.