¿Quién manda en Paraguay?, ¿a quiénes se obedece?

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No conocí a Tomás Palau, fallecido en 2012. Mas he oído hablar de su obra. Es que los analistas nos nutrimos –además de nuestras investigaciones– de otros aportes para producir el análisis de la información, la inteligencia. Rata de biblioteca como soy, ávido lector, hallé una investigación de aquel sociólogo que se vincula directamente con las áreas de mis apetencias intelectuales: derecho, seguridad, defensa, inteligencia y justicia. Con su trabajo Palau explica una de las causas de la inseguridad en Paraguay.

Todo analista de gestión en alta gerencia precisa un conjunto de dos elementos para que su producción sea eficaz: primero, una sólida tarea intelectual –más próxima a la ciencia y lejos del mágico animismo u ordalía– y segundo, del indubitable apoyo político. Sin este último, ningún estudio de estas características ve la luz del día. Prueba de ello son los innúmeros trabajos que duermen silenciosos en archivos y anaqueles esperando ser socializados alguna vez.

Palau define el problema con mucha crudeza. Permítame a mí templar la cuestión. Decía aquel que el poder real en el Paraguay estaba compartido por cuatro clústeres (bloques) económicos y financieros a saber: el capital paraguayo, el capital extranjero (las multinacionales), los gremios de la producción (agrícola y ganadero) y el crimen organizado (narcotráfico y contrabando). Son los auténticos soportes de nuestra economía. Dominan la política, la diplomacia, la sociedad y a las diferentes confesiones religiosas. Nuestra mediterraneidad rodeada por dos gigantes geográficos y económicos como Brasil y Argentina agravaban la cuestión. Palau agregaba que estos bloques tenían como gerenciadores a los partidos políticos, una suerte de ordenador del sistema. Un petit autogobierno independiente del Estado y sus fines. Cuando uno de estos bloques asume el gobierno se traga al Estado y deja de existir la República.

Independientemente de quien gobierne, estos cuatro bloques inciden de manera directa sobre nuestra dignidad, por una razón muy simple. Aquellos clústeres son tributarios, pagan “impuestos paralelos” a los diferentes agentes del propio Estado: el político, la Justicia, Aduanas, Tributación, Migraciones, inclúyase a nuestras fuerzas públicas de seguridad y defensa. Entonces, se cumple lo que manda la Carta Orgánica o los estatutos de dichas corporaciones y no la Constitución Nacional como pacto social. Es un hecho y un proceso de deterioro inevitable. Ello indica los bajos niveles de racionalidad en la gestión de cualquier gobierno, lo cual significa desquicio o inviabilidad de alcanzar un determinado nivel aceptable de seguridad y orden. Como ve, el problema no solo radica en la intermediación del servicio, en el poder de policía del Estado. También radica en el humor del bloque hegemónico que gobierna al país dentro de un periodo histórico determinado. Por ende, uno de los desafíos que han de enfrentar los candidatos con mayores posibilidades de hacerse con las próximas presidenciales son las presiones corporativas en sus propios equipos políticos. A continuación, describo someramente el escenario geopolítico actualizado utilizando las variables de tiempo, espacio y control social. Geopolíticamente, como país, seremos presionados por las fuerzas económicas que operan en el Chaco y el río Paraguay. Los futuros puentes, especialmente el de Carmelo Peralta, significan para las potencias económicas y hegemónicas mundiales una disputa por el control de la centro-región mesopotámica paraguaya. Sí, señor, además de las regionales (Argentina, Brasil y Bolivia) Estados Unidos y China operan militarmente de diversas formas en la región. Dicho puente habilitará, por ejemplo, la nueva ruta del narcotráfico y el contrabando. Este frente se suma al control hegemónico de la Triple Frontera. Es decir: tendremos dos importantes focos de conflicto estratégico. Me decía un diplomático extranjero meses atrás: “es muy difícil administrar eficazmente la seguridad en Paraguay”. ¿Usted cree que este análisis estratégico no debe importar al ciudadano común en su seguridad cotidiana cuando es víctima de hechos punibles por parte de delincuentes? Afecta y mucho. Son hechos aparentemente lejanos pero que están directamente relacionados unos con otros. Por ende, un grave problema para la administración política de los servicios de seguridad y justicia radicará siempre en los intermediarios de la gestión. Para ello, criminales políticos u organizados buscan destruir a la democracia con los propios medios que ella utiliza. Ante este panorama aparentemente desolador, agrego una cuota de optimismo. Fíjese en aquel candidato presidencial que ofrece a sus electores estos tres componentes: políticas públicas con consenso social, experticia y compromiso. Ese es el indicado. Las mejores instituciones públicas de América Latina se destacan por este último componente, el compromiso de servir con eficacia a sus compatriotas. Al despedirme en este artículo de excepción, utilizo una antigua frase militar: “Si la guerra no viene a nosotros, nosotros debemos acudir a ella”. Allá siempre vamos. Por un año 2023 dichoso y fructífero para el Paraguay. Que así sea.

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