Cuando se habla de proyectos nucleares estamos frente a una cuestión que compromete la seguridad de grupos humanos enteros. Es por ese motivo que, desde que la población del Departamento de Ñeembucú tomó conocimiento del plan del Gobierno argentino de instalar una planta nuclear en la vecina provincia de Formosa, comenzaron a alzarse insistentes y justificadas voces de alarma en torno al alcance de la instalación.
El primer reproche que desde los medios de comunicación se formuló al vecino país, ya que la Cancillería constantemente hacía oídos sordos al reclamo procedente del Sur, es que la Argentina había incurrido en el incumplimiento de la Convención sobre Seguridad Nuclear, adoptada por la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), el 17 de junio de 1994.
En efecto, el documento expresa que cuando un país impulsa un proyecto nuclear debe: “Consultar a las Partes Contratantes que se hallen en las cercanías de una instalación nuclear proyectada, siempre que sea probable que resulten afectadas por dicha instalación y, previa petición, proporcionar la información necesaria a esas Partes Contratantes, a fin de que puedan evaluar y formarse su propio juicio sobre las probables consecuencias de la instalación nuclear para la seguridad en su propio territorio”.
Desde el comienzo, la República Argentina incumplió esta obligación, a la que se había sometido voluntariamente. Jamás informó sobre sus proyectos, sino una vez que, presionada por la opinión pública, la Cancillería instruyó al embajador paraguayo en Buenos Aires, Nicanor Duarte Frutos, que recogiera información sobre el particular.
Fiel a los malabares retóricos que lo caracterizan, el canciller Eladio Loizaga sostuvo en un primer momento que el Gobierno argentino no tenía ningún proyecto nuclear en Formosa. Posteriormente, para sorpresa de muchos, se plegó a la posición argentina de intentar amortiguar el impacto de la iniciativa, pasando a afirmar que el plan se “limitaba” a la instalación de una planta enriquecedora de uranio.
Ahora, presionado incluso por políticos de su propio partido, como es el caso del senador Arnoldo Wiens, Loizaga afirma que abordará el tema próximamente con el ministro de Planificación del vecino país, Julio De Vido, aunque expresando la salvedad de que el Paraguay “no tiene derecho a veto” en lo que respecta al emplazamiento de una instalación nuclear.
Desde luego, nadie invocó en ningún momento la existencia de tal derecho. Sin embargo, corresponde que el ministro Loizaga, como cabeza de la defensa de los intereses de la nación en el mundo, exija en todo momento la prevalencia de las disposiciones emanadas del derecho internacional y que, muy puntualmente, asuma con plena convicción la defensa de la seguridad de todos y cada uno de quienes habitamos el territorio paraguayo. Ese es su deber y a él debe abocarse de manera decidida y comprometida, siempre y en todo lugar, sin excusas ni concesiones de ninguna índole.