EFE
El plebiscito no vinculante, que será considerado ahora por las autoridades federales en Washington, dio más de un 97 por ciento de respaldo a la opción de los “estadistas” encabezados por el gobernador, Ricardo Rosselló.
La opción que proponía la independencia total del estado libre asociado a Estados Unidos sólo logró un 1,5 de respaldo y mucho peor fue el resultado (1,32 por ciento) para los que proponían mantener el estatus actual.
Pero en la consulta solo participó alrededor de medio millón de los 2,6 millones de electores habilitados para participar.
Para Rosselló, quien convocó al plebiscito tras asumir a comienzos de este año, el resultado fue un claro mensaje destinado a poner fin a lo que calificó como la “indigna” situación colonial en que se encuentra la llamada “isla del encanto”.
A poco de finalizar la votación a las 15:00 (19:00) el líder del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) dijo que los resultados todavía preliminares abren la puerta para “exigir y reclamar” que se ponga fin a la relación “colonial” con EEUU.
Añadió que además de ser un mensaje para emprender los pasos hacia una incorporación de Puerto Rico como estado de Estados Unidos también es un llamamiento a terminar con “la indigna relación colonial” con ese país.
Asimismo, aseguró que el resultado abre la puerta a un proceso de transición para que el territorio se convierta en un “nuevo estado de la unión”.
Es un mensaje “claro y fuerte” dirigido al mundo y al Congreso de Estados Unidos en Washington al que corresponde decidir esa incorporación, insistió.
Rosselló también remarcó la significación del resultado al indicar que “hoy los puertorriqueños estamos...reclamando los mismos derechos de los ciudadanos americanos”.
Entre otras desventajas, aunque son ciudadanos estadounidenses, los puertorriqueños no tienen derecho a votar por el presidente de Estados Unidos o legisladores de Washington si no residen en el territorio continental.
Roselló reiteró que el resultado fue “histórico” para la estadidad y dijo que sería una injusticia que la decisión de los puertorriqueños fuera desatendida.
“Resultaría una gran contradicción exigir democracia en otras partes del mundo, sin responder al legítimo derecho a la autodeterminación política que hoy se produjo en Puerto Rico”, afirmó.
Pero el triunfalismo del gobernador fue rechazado por el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, quien afirmó que el “gran perdedor” del plebiscito fue Rosselló porque ocho de cada diez electores hicieron caso omiso a los llamamientos del gobierno a participar en la consulta.
“Se fueron a la calle, a la playa, al río. No hicieron caso (los votantes)”, dijo Ferrer, cuyo partido, el más importante de la oposición, había instado a la población a boicotear el plebiscito.
“Se derrotaron ellos mismos. La estadidad está muerta”, subrayó Ferrer, quien indicó que el plebiscito había sido un ejercicio “fútil” para cuya realización se gastaron más de siete millones de dólares del erario de una isla en quiebra que no puede pagar una deuda de más de 70.000 millones de dólares.
El político opositor se refirió también al anuncio de Roselló de que enviará una misión a Washington para informar al congreso de EEUU sobre los resultados del plebiscito y gestionar la incorporación de Puerto Rico a la Unión.
“Nosotros vamos a ir también” para señalar que la “estadidad está enterrada”.
Frente a las críticas de Ferrer, el director de campaña y vicepresidente del PNP, Thomas Rivera Schatz, defendió la victoria de la estadidad y restó importancia a la perdida de votantes en relación a otros plebiscitos anteriores.
En el celebrado en 2012 la estadidad consiguió más de 800.000 votos.
A este respecto Rivera Schatz aseguró que la perdida se debe a la emigración de puertorriqueños hacia Estados Unidos.
“En Puerto Rico somos poco más de tres millones de habitantes y en Estados Unidos hay ahora más de cinco millones”, recalcó.
El éxodo de los puertorriqueños hacia Estados Unidos por la crisis económica de la isla es otra muestra de la crisis financiera que afecta al país y que se ha comenzado a manifestar en recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico y a la policía mientras otras instituciones importantes ya se han declarado en bancarrota.
