Cada año, el Estado se desangra por pagos que pueden fácilmente evitarse: las consultorías (innecesarias en muchos casos), la contratación de operadores políticos y el pago de honorarios profesionales (asesores de asesores).
La etapa de la indignación por los millonarios salarios pagados a caseros de oro de legisladores, a secretarias vips o destinados por licitaciones amañadas para cocidos de oro ya terminó.
Ahora es necesario empezar a cortar esos gastos, de manera que la ciudadanía sienta que el cambio es posible y que el dinero tributado será bien erogado.
Según un informe elaborado por la Consultora MF Economía y presentado a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), de gastarse G. 418 millones anuales en el 2003 por cada legislador, se pasó a G. 2.900 millones en el año 2016. El problema es que –según el titular de la Cámara de Comercio, Beltrán Machi– esto no se revirtió en una mejora en la aprobación de leyes.
A ello se suma un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual reveló que Paraguay malgasta 3,9% del PIB (USD 1.800 millones, aproximadamente), por la ineficiencia en el gasto público.
El Gobierno de Mario Abdo tendrá su prueba de fuego durante el estudio del Presupuesto 2019 en ambas cámaras del Congreso Nacional.
Por un lado, el presidente de la República necesita advertir a sus ministros –quienes conocen poco y nada sobre el plan de gastos estatal del próximo ejercicio fiscal– para que ya no soliciten más recursos a los asignados en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el próximo ejercicio fiscal.
Si bien las necesidades son variadas, es necesario que el próximo año los secretarios de Estado se sienten desde el primer día a trabajar en los programas prioritarios del Gobierno, y reasignen fondos.
Un mejor control del uso de combustibles, pago de horas extras, servicios básicos, contrataciones y nombramientos ayudarán en demasía a seguir evitando el desangramiento del Estado.
Por el otro, necesita sellar un pacto político con los legisladores para que no aprueben incrementos por encima de las posibilidades reales del fisco de sostener esos gastos.
El proyecto del Presupuesto 2019 asciende a USD 13.950 millones, con un incremento del 7% con relación al vigente. El plan de gastos estatal contempla un déficit fiscal (más gastos que ingresos) de USD 660 millones, equivalente al 1,5% del PIB (el tope establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal).
Desde el 2012 que el saldo negativo no puede revertirse, y eso se debe en parte a que cada año se presenta al Parlamento un plan de gastos casi calcado al anterior.
Una verdadera reforma de los gastos estatales ayudará a destinar más recursos a educación, salud y seguridad. Pero además, permitirá que podamos empezar a soñar con una mayor inversión en ciencia y tecnología, de manera que Paraguay pueda emular a países como Taiwán o Singapur y exportar tecnología de primera. De la voluntad para lograr un mejor gasto público depende que la calidad de vida mejore.
