De acuerdo con la postura y análisis que realizó la UIP, la iniciativa en cuestión, que promueven gremios empresariales de ciudades fronterizas, es “inconstitucional porque vulnera los principios de legalidad, libre concurrencia y de igualdad tributaria, cuando establece un régimen de privilegios fiscales para un sector muy pequeño de la economía”.
Añade que también plantea una colisión con los acuerdos del Mercosur, a partir de que solo pretenden pagar el impuesto a la renta empresarial (IRE), pero no tributar el Arancel Nacional Vigente (ANV) o el Arancel Externo Común (AEC).
Otro aspecto que señala en su análisis el gremio industrial es que el proyecto en cuestión afectará aún más la competitividad. En este punto, considera que “las medidas políticas y económicas del Gobierno, con miras a la recuperación del país, deben tener un enfoque dirigido a defender la competitividad, atacando la informalidad y estableciendo incentivos para la inversión dentro del país, que permitan una mayor industrialización”.
CONTROL. En otra parte, la UIP advierte sobre la falta de mecanismos de control seguros para implementar este proyecto, debido a que éste plantea que podrán coexistir actividades amparadas en el presente régimen, con otras ajenas al mismo.
“Sin embargo, en ninguna parte del texto se lee un mecanismo serio de aseguramiento de no aplicación del régimen a actividades que no reúnen todos los presupuestos para el beneficio y que, por tanto, están gravadas con los demás impuestos (IVA e ISC) y aranceles aduaneros”, agrega.
La UIP entiende que este proyecto contribuirá al aumento de la economía informal, a partir de que hace apenas una mención declarativa sobre la prohibición de que mercaderías acogidas al régimen sean comercializadas a connacionales, salvo su previa nacionalización a través del pago de impuestos.
El gremio industrial no cree que el sistema de trazabilidad que plantea el proyecto combata la informalidad.