El Ministerio de Hacienda, que envió al Congreso un proyecto de ley de “administración de pasivos” que modifica la Ley 5097/13, permitiendo a la cartera fiscal el canje de la deuda próxima a vencer por deuda nueva, sostiene que el objetivo de este anteproyecto es dar flexibilidad a la administración de la deuda en el manejo del pasivo.
Sin embargo, en realidad el origen del proyecto es que en enero de 2023 vence un bono internacional emitido por el Paraguay, por valor de 780 millones de dólares, a lo que se agregan durante el resto del mismo año otros vencimientos de créditos de organismos multilaterales por cerca de 200 millones de dólares.
Esto da como resultado el pago de 1.000 millones de dólares en un solo año, cifra cercana al total invertido en el país en educación o a la suma de la inversión en salud y vivienda.
Es decir, constituye una cifra de gran envergadura para la cual el país no se preparó adecuadamente.
El problema es que tenemos condiciones para el pago de los compromisos ya que los gobiernos que decidieron endeudarnos por encima de nuestra capacidad de pago lo hicieron consecutivamente trasladando a los siguientes esa responsabilidad.
Con las primeras emisiones de bonos soberanos, diversos espacios y referentes dieron voces de alarma que se fueron acentuando con las demás emisiones.
Los argumentos a favor eran la certeza de la sostenibilidad de la deuda y la necesidad de aumentar la infraestructura y la generación de empleos para impulsar el crecimiento económico que produciría, a su vez, los recursos necesarios para el repago de la deuda.
Sin embargo, ninguno de esos supuestos fueron realistas.
El rápido endeudamiento, impulsado principalmente por los bonos soberanos cuya primera emisión fue en 2012, no cambió radicalmente la situación de la infraestructura, a pesar de que ya pasaron siete años.
El PIB apenas crece y hay un escenario de recesión.
Mientras tanto, el endeudamiento creció a una tasa mucho más rápida que el PIB y que los ingresos tributarios, lo que da como resultado la falta de recursos y la necesidad de trasladar el pago a las siguientes gestiones de gobierno y futuras generaciones.
La reforma tributaria debería haberse pensado en función de la responsabilidad fiscal que el Gobierno deja para el futuro.
A la vez que no asume el compromiso de recaudar, paralelamente planea postergar el pago de la deuda o lo que vulgarmente se llama bicicletear la misma.
Una situación como esta es inadmisible. El Gobierno debería plantear soluciones estructurales, aunque ello signifique tomar decisiones claves durante su gestión.
El envío de este proyecto de ley, más que dar señales positivas acerca del manejo responsable de la deuda, les da la razón a quienes manifestaron su oposición al ritmo de endeudamiento.
Esta es señal de una situación problemática que tendrá efectos durante los próximos 30 años.
