Las manifestaciones que exigen el cierre del Congreso, nuevas elecciones y expresan su rechazo a la presidenta Dina Boluarte, se han multiplicado en el país y ciudadanos se congregaron en los sureños departamentos de Arequipa, Cuzco y Ayacucho, en las ciudades amazónicas de Puerto Maldonado e Iquitos o en Huancayo, en el centro del país.
Todas estas marchas, a la que asistían integrantes de sindicatos, campesinos, organizaciones civiles y ciudadanos agrupados, se desarrollan bajo una fuerte presencia policial, como pudo atestiguar EFE en Arequipa, la segunda ciudad del país.
Sin embargo, en Ayacucho sí se reportaron graves incidentes, luego de que decenas de personas ingresaran hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto, lo que está generando enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según mostraron medios locales.
Fuentes policiales incluso denunciaron que los manifestantes han disparado contra el aeropuerto.
Cifras oficiales indican que, hasta el momento, han muerto 9 personas en las protestas que se agravaron desde el pasado domingo.
La Policía Nacional de Perú (PNP) registró, además, 71 detenciones por disturbios y manifestaciones.
El Gobierno oficializó este jueves la destitución de 15 prefectos (representantes políticos del Ejecutivo en las regiones) y aceptó la renuncia de otros nueve tras considerar, según adelantó Cervantes, que han “azuzado” las manifestaciones contra el Gobierno.
CRONOGRAMA ELECTORAL. En tanto, los representantes de los organismos electorales y el ministro de Justicia justificaron ante el pleno del Congreso la necesidad de cumplir el cronograma de 12 meses para convocar a un adelanto de elecciones generales en Perú, durante el debate de un dictamen que propone esta alternativa para solucionar la grave crisis política actual.
El ministro de Justicia, José Tello, dijo a los legisladores que si las elecciones se realizan en diciembre del 2023, exactamente dentro de 12 meses, “no se podrán hacer las reformas electorales” que el país necesita, solo la modificación que considera el adelanto de los comicios.
La intangibilidad de la legislación electoral “solo permite modificaciones hasta un año antes del proceso electoral”, remarcó Tello, quien defendió la propuesta inicial de la mandataria Dina Boluarte de celebrar las elecciones adelantadas en abril del 2024.
A su vez, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, declaró que, ante esa propuesta, “tenemos un problema que tiene que ver con el debido proceso”, el cual es el conjunto de actos en los tiempos señalados por la ley para ejecutar los comicios. Por su parte, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, coincidió en que para organizar un proceso electoral en primera vuelta se invierten 12 meses, y a ese se añaden otros dos meses, si el resultado requiere realizar una segunda vuelta.