Señalan que la Fiscalía no tiene pruebas, que la acusación busca criminalizar las causas campesinas, y que el Juzgado busca acelerar el proceso ante la inminente prescripción que se da este mes.
La protesta fue encabezada por la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU), quienes desde las 8 de la mañana se movilizaron frente al Palacio de Justicia, donde se llevaba adelante la audiencia sobre el caso, exigiendo la absolución de los procesados.
“Mientras que la narcopolítica avanza en nuestro país, la Justicia paraguaya busca encarcelar a dirigentes campesinos. La persecución política hacia el campesinado forma parte de la estrategia de los sectores vinculados al agronegocio y al narcotráfico, los mismos tienen cooptado al Poder Judicial para criminalizar a compatriotas que trabajan en defensa del derecho a la tierra”, expresaron desde la CTCU.
El proceso. El Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS) emitió un comunicado con un relatorio del caso, iniciado tras la caída del gobierno de Fernando Lugo en el 2012.
Explicaron que el caso está vinculado a convenios con transferencias de fondos realizadas desde el Indert a organizaciones campesinas y fundaciones en el 2011.
“César González es acusado por sus responsabilidades como director general del Fondo de Inversiones para el Desarrollo Sostenible (Fides), función en la que coordinaba y monitoreaba proyectos productivos para colonias del Indert, sin ser ordenador de gastos”, detalla.
La acusación se realiza en el marco de la ejecución de proyectos de seguridad alimentaria que consistían en la adquisición de insumos, herramientas, y el desarrollo de miniindustrias, en algunos casos, según el detalle.
“El fiscal actual a cargo del caso es Leonardi Guerrero, de la unidad de Delitos Económicos, pero la causa fue armada entre el 2014 al 2018 por Nadine Portillo, quien luego fue trasladada por sus involucramientos en el caso de los audios de Óscar González Daher”, indica.
Durante el mandato de Justo Cárdenas (actualmente condenado por enriquecimiento ilícito) se iniciaron las auditorías que derivaron en la denuncia. Según el relatorio, la Fiscalía recogió testimonios de personas no beneficiarias y no existen pruebas que realmente involucren a los acusados actualmente.