La Cámara de Senadores aceptó el veto parcial del Poder Ejecutivo a la ley de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, el documento electrónico y documentos transmisibles electrónicos, con lo cual la parte no objetada fue sancionada y la norma ya se encuentra vigente.
Así lo destacó en un contacto con Última Hora el diputado y proyectista Sebastián García, quien recordó que el documento en cuestión había sido promulgado a la par del veto parcial y solo quedaba pendiente la definición del ahora eliminado artículo 103, que había generado posturas encontradas entre las telefónicas y los bancos.
Asimismo, García destacó a través de sus redes sociales la importancia que tiene la ley no solo en la materia de las transacciones electrónicas, sino también en otras cuestiones útiles para los ciudadanos. “Un salto hacia la digitalización, mucha transparencia y el acceso a oportunidades gracias a la tecnología para miles de personas”, expresó.
El legislador indicó que a través de la normativa la gente podrá contar con una identidad electrónica, lo cual permitirá hacer a distancia trámites que en la actualidad requieren de presencialidad. “Implica que todo, archivos, documentos, contratos, y tanto más que hoy se hacen en físico pueden pasar al plano digital”, agregó.
Adicionalmente, enfatizó que la ley brinda a la población la posibilidad de interactuar con el Estado “sin depender de distancias o de horarios o gestores”, a la vez de “avanzar con más procesos transparentes”, entre otros aspectos.
Debate. La norma sobre los servicios de confianza había generado un debate en torno al artículo 103, que en la versión sancionada previamente trataba sobre las operaciones electrónicas en el ámbito financiero y otros y establecía la necesidad de utilizar medios de identificación electrónica con un nivel de seguridad alto para este tipo de operaciones.
Este apartado contaba con el rechazo de las empresas telefónicas, las cuales consideraban que se podía generar un impacto negativo en la operativa de los giros de las llamadas billeteras electrónicas, pero era bien visto por los bancos ya que estos consideraban que el texto ayudaba a combatir ilícitos que se cometen a través de giros y otros.
Luego de conversar con los diferentes sectores afectados por el documento, el Poder Ejecutivo optó por objetar el polémico artículo 103 y, tras la sanción y la promulgación del resto del documento, deberá proceder a la reglamentación correspondiente de la norma.
