La jueza hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Defensora de la Niñez y Adolescencia, Nilda Agüero, y dispuso la prohibición de difusión y publicación por la prensa escrita, radial, televisiva y por cualquier otro medio de comunicación, formato de transmisión digital de información, sistema de mensajería y audios o cualquier otro dato que posibilite identificar a niñas, niños o adolescentes, reclutados por el EPP.
La ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, explicó que la Ley 1680/01 protege la posibilidad de la recuperación de niños en situación de vulnerabilidad.