Las federaciones de estudiantes universitarios y de secundaria se sumaron a las manifestaciones para solidarizarse con las demandas de los docentes.
La marcha más multitudinaria se realizó en Santiago, donde más de 70.000 personas, según los convocantes, recorrieron las calles del centro de la capital.
Los manifestantes se congregaron en la Plaza Italia y caminaron por una avenida junto al río Mapocho, un recorrido autorizado por la Intendencia (gobernación) Metropolitana, que prohibió que la marcha transcurriera por la Alameda, la principal arteria de la ciudad, después de los incidentes que se registraron la semana pasada en otras manifestaciones estudiantiles.
Al final de la manifestación, grupos aislados de jóvenes encapuchados hicieron destrozos en el mobiliario urbano para enfrentarse con la Policía antidisturbios, que utilizó chorros de agua para dispersarlos.
Los propios manifestantes encararon a los alborotadores y les reprocharon su actitud, aunque no pudieron evitar que se produjeran los incidentes.
Los profesores exigen modificaciones en el proyecto sobre la carrera docente que se tramita actualmente en el Parlamento, e iniciaron una huelga indefinida el lunes pasado para presionar al Gobierno, al que critican por su intransigencia ante sus demandas.
Los docentes piden aliviar ciertas exigencia, como exámenes de conocimiento en distintas materias que el proyecto establece como requisitos para iniciar la carrera docente, así como horarios más aliviados en las aulas y mejoras en los sueldos.
“El Gobierno debe entender que hay que sentarse a conversar y mejorar sustancialmente este proyecto mediante indicaciones sustantivas”, dijo hoy el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.
El portavoz del Ejecutivo, Marcelo Díaz, afirmó que la política nacional docente es “el corazón de la reforma educativa” que impulsa el Gobierno y consideró que la manifestación de esta jornada no tenía justificación porque los docentes tienen “las puertas abiertas al diálogo con todos los actores y sectores sociales”.
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley sobre esta materia el pasado 20 de abril, aunque el Colegio de Profesores sostiene que no representa la voluntad de los docentes.
