Las últimas ventas se realizaron a G. 2.000 por kilo, de los G. 5.000 que pide el sector para tener un margen de ganancia y seguir invirtiendo en las fincas, pero ahora la comercialización se paralizó completamente, explicó Máximo González, coordinador del Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas, que aglutina a unos 5.000 agricultores.
“Hay gente que les tira a los cerdos y a las vacas. No hay una política para producir durante todo el año, tampoco para proteger la producción ni para industrializar esa materia prima”, lamentó.
Es un grupo diferente a la Unión Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay, que la semana pasada llegó a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) luego de una protesta en Asunción, que incluyó cargas de tomates desparramadas frente a la institución.
El grupo que representa González también amenaza con la misma medida, incluso con “sitiar” la capital del país, si en los próximos días no mejora el precio.
Con el endurecimiento de los reclamos, la Unidad Interinstitucional de Combate al Contrabando (UIC) lanzó ayer el Operativo Barrera, mediante el cual se refuerzan los controles fronterizos en Nanawa, Vista Alegre y Remanso, así como en Puerto Pabla, Itá Enramada, Puerto Ortiz y Río Pilcomayo.
El ministro de la UIC, Emilio Fúster, presentó el operativo con un gran despliegue de organismos de seguridad y un sobrevuelo por las zonas vulnerables para el ingreso ilegal de mercaderías.
