La caravana, compuesta por una treintena de tractores junto con centenares de autos, motocicletas y otros vehículos, avanzó por las avenidas del norte de la capital hasta llegar a la icónica Plaza de Mayo, frente a la sede del Poder Ejecutivo de Argentina.
Más de 1.000 personas se congregaron en este lugar para culminar el acto de protesta, que tuvo ecos en otras ciudades del país, como Córdoba, Tucumán o Rosario.
Este “tractorazo” no contó con el aval institucional de la denominada Mesa de Enlace que integran las cuatro mayores patronales rurales de Argentina, aunque sí sumó el apoyo de algunas entidades agropecuarias regionales y sectores de la oposición política.
Los fundamentos de la protesta son diversos: Además de rechazar cualquier presión tributaria adicional sobre el sector rural, los convocantes pidieron una mejor administración pública de los recursos, menos gasto político y mayor inversión en infraestructura productiva, entre otros puntos.
Asimismo, un gran número de ciudadanos aprovechó la ocasión para salir a las calles y expresar su rechazo al Gobierno nacional, con proclamas contra la corrupción política y a favor de bajar impuestos.
Una “marcha política”
Durante los últimos días, el Gobierno argentino cuestionó la protesta, argumentando que sus consignas “no están muy claras”.
“No tenemos ninguna duda de que se trata de una marcha absolutamente política y que tiene que ver con otros intereses que defender los legítimos derechos de los productores del campo”, afirmó este viernes en rueda de prensa la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.
Por su parte, el alcalde de Buenos Aires, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, pidió que el Gobierno nacional “respete” estas protestas, en lugar de “promover los enfrentamientos” entre trabajadores.
“Ante la expectativa del anuncio de que quieren aumentar los impuestos, ¿cómo no se van a manifestar, cómo no los vamos a apoyar? Este es el motor y el futuro de la Argentina”, aseveró en declaraciones al canal noticioso TN.
La protesta se da en el marco de una fuerte subida de los precios internacionales de las materias primas desde la invasión rusa a Ucrania que favorece a los agroexportadores de Argentina, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de granos y derivados, pero que ha impactado de lleno en una aceleración de la inflación doméstica, particularmente en los alimentos.
Más allá de esta coyuntura derivada del conflicto bélico en Ucrania, el sector agropecuario argentino ha mantenido desde 2008 una difícil relación con los gobiernos kirchneristas, particularmente por las altas alícuotas de los derechos de exportación de granos y derivados, una importante fuente de recaudación para el Fisco argentino.
