19 abr. 2024

Productor aplaude eliminación de protocolo que regulaba desalojos

Fin al protocolo. La Policía  actuará de inmediato ante ocupaciones para desalentar la obtención de tierras por ese medio.

Fin al protocolo. La Policía actuará de inmediato ante ocupaciones para desalentar la obtención de tierras por ese medio.

El representante de la reserva natural Campos Morombi, Jorge Riquelme, ve con buenos ojos la última medida resuelta por el gobierno, la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia, con respecto a la ocupación de propiedades, que consiste en la eliminación del protocolo para actuar frente a los mismos, establecido durante el gobierno de Fernando Lugo en el año 2012. De ahora en más, los desalojos se harán de inmediato, para desalentar las ocupaciones.

Riquelme señaló que dicho protocolo causó mucho daño e inestabilidad en el país, porque el reglamento se aplicaba en tres fases que podían durar varios años, y en ese periodo, el desalojo ya puede tornarse muy complejo, porque la ocupación se convierte en una comunidad con muchas personas y servicios básicos instalados.

“Aplausos y un puntazo a favor del gobierno actual. Dicho protocolo promovía las invasiones de tierras y frenaban los desalojos”, opinó el representante de las tierras que fueron escenario de la masacre de Curuguaty.

No obstante, destacó que hay un problema social muy grave en nuestro país por la falta de acceso a las tierras. “Cada compatriota debe poder contar con una fracción de tierra para sus cultivos y sobrevivencia, pero estoy seguro que este sistema de invadir propiedades ajenas no es el camino correcto”, opinó.

Riquelme cree que a través del gobierno y sus instituciones, “se debe tener un mejor manejo de las tierras y los reclamos sociales para que cada uno de los 7.000.000 de paraguayos podamos vivir en paz y con felicidad”.

Explicó que en el gobierno de Lugo se instauró el protocolo “que estuvo por encima de las leyes”.

“Durante la primera fase, la Policía y los fiscales, asisten al lugar invadido, a mirar y tratar de identificar los invasores, comprobar la ocupación y consultarles que les hace sentir con derecho a la tierra”, precisó.

Indicó que durante la segunda fase se analizan los documentos de ambas partes, dueño de propiedad e invasores, en la cual participan distintos entes nacionales. “Dentro de esta fase, normalmente se analiza uno de los típicos argumentos de los ocupantes, que el lugar ocupado es fiscal o es un excedente de tierra”, agregó.

“Finalmente, si el propietario demuestra la falsedad de los argumentos de los invasores, y demuestra la autenticidad de los suyos, entonces se procede a la tercera fase y recién ahí se hace el desalojo”, siguió relatando.

“Mientras transcurren la tres fases pueden pasar dos o tres años en el mejor de los casos. Entonces, la invasión que comenzó con dos personas, al llegar la tercera fase, ya puede contar con más de mil personas con escuelas y centros de salud”, se quejó.

Cabe recordar que la familia Riquelme se hizo con tierras malhabidas, según informe de la Comisión Verdad y Justicia durante la dictadura.

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