La presencia de una política institucional para poder erradicar la regla de la impunidad parece ser letra muerta en el Poder Judicial. Varios casos penales catalogados como “emblemáticos” de corrupción pública no están cumpliendo los plazos establecidos en el Código Procesal Penal (CPP).
Situaciones que en su momento ganaron notoriedad, generaron una gran repercusión y pusieron en vilo a algunas autoridades van quedando en el oparei a medida que transcurre el tiempo.
Así lo advirtieron y denunciaron integrantes de la sociedad civil organizada que permanentemente se encuentran monitoreando los expedientes relacionados con grandes casos de corrupción registrados en nuestro país, pero que no obtienen respuestas por parte de los ministros de la máxima instancia judicial, pese a las incesantes notas y pedidos de urgimientos enviados a los mismos.
La abogada María Esther Roa, integrante de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), mencionó que varios expedientes no cumplen los plazos procesales establecidos en la ley, lo que afecta directamente a la calidad del servicio de Justicia y la materialización de la impunidad de estos procesos penales por corrupción.
“Un proceso penal inicia con la imputación, la imputación puede ser en un plazo ordinario que es de seis meses, o extraordinario, que es un año. El Código Procesal Penal habla que dentro de los 10 días o 20 días después de la presentación de la acusación se debe llevar a cabo la audiencia preliminar, y una vez que se sustancie la audiencia preliminar se eleva –porque el auto que eleva a juicio oral y público es inapelable–, entonces el Código prevé que una vez llevada la causa a juicio oral y público se remiten los autos al Tribunal de Sentencia, que dentro de los 30 días tiene que fijar el inicio del juicio oral y público. Es decir, que en el Código Procesal existen plazos que no se están respetando en el Poder Judicial. Si te fijás, hay juicios del 2012 o del 2013, por un lado, algunos quedan por el camino, por la extinción o la prescripción. En muchos expedientes de corrupción pública ni siquiera llevaron a cabo la audiencia preliminar”, expresó Roa, indignada ante la desidia.
Caso Cuevas. Para muestra vale un botón. En este sentido son dos los casos alarmantes, uno es el que involucra al clan Ferreira, denunciado en pandemia, y el otro el que atañe al diputado colorado Miguel Cuevas, quien está procesado por presunto enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
El pasado 2 de julio debía empezar el juicio oral al legislador colorado, pero con la presentación de la recusación los jueces no tuvieron otra alternativa que suspender la diligencia.
De hecho, este tipo de chicanas son aprovechadas por varios acusados para dilatar sus acusaciones o condenas.
En el caso en el que se investiga a Cuevas, el Ministerio Público, a través de su acusación, señala que, entre el 2009 y el 2019, los ingresos percibidos por Cuevas totalizaban más de G. 5.734 millones, mientras que los egresos sumaban G. 7.439 millones, por lo que hay una diferencia negativa de G. 1.705 millones.
En cuanto a la declaración falsa, la acusación refiere que el político tuvo varias declaraciones juradas, donde declaraba deudas a cobrar que no existían.
LENTITUD. La semana pasada, referentes de la sociedad civil y miembros de la Coordinadora de Abogados del Paraguay denunciaron que alrededor de 37 expedientes de casos sonados de corrupción pública corren el riesgo de prescribir, y, por ende, quedar impunes, debido a la excesiva lentitud de la Justicia y la falta de cumplimiento de los plazos procesales.
400 camas hospitalarias manuales y 50 eléctricas fueron adquiridas por el MSP a través de Imedic, sin permiso.
El caso Imedic, un gran ejemplo
Un claro ejemplo de que los casos penales por corrupción pública no cumplen los plazos establecidos en el Código Procesal Penal (CPP) es el de Imedic. Se trata de uno de los hechos de corrupción más grandes registrados durante la pandemia del Covid-19 en nuestro país. Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y otros fueron acusados por producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia.
“En el expediente del clan Ferreira, que robó en pandemia, se llevó a cabo la audiencia preliminar pero el juicio oral está previsto para agosto del 2023. Si el plazo es dentro de los 30 días fijate como se están fijando los juicios orales, es alarmante y desnuda que el Poder Judicial no tiene una política institucional para poner orden. Podemos decir que los procesos de corrupción y el crimen organizado van a tener un tratamiento especial teniendo en cuenta que en Tacumbú y otras penitenciarías están llenos de reos de poca monta, no así un ex presidente o ex ministro, una alta autoridad, ese es el diagnóstico”, sostuvo Esther Roa. Mencionó que mucho es el sacrificio, “pero poco se avanza”.
