El juez de Garantías Paublino Escobar admitió ayer la imputación contra diez ex policías de la época stronista por supuestos hechos de torturas que protagonizaron, según la fiscala Liliana Zayas Guggiari, de la Unidad de Derechos Humanos.
Con ello, fueron procesados Nicolás Lucilo Benítez Santacruz (79), Camilo Almada Morel (75), Juan Aniceto Martínez (65), Eusebio Torres Romero (81) y Agustín Belotto Vouga (84). Además están procesados Manuel Crescencio Alcaraz (74), Obdulio Argüello Brítez (77), Mario Flores Cáceres (64), Felipe Nery Saldívar (87) y Fortunato Lorenzo Laspina (72).
Todos habían sido imputados por hechos punibles de torturas, ocurridas entre los años 1976 y 1978, durante el gobierno del general Alfredo Stroessner.
Hay que recordar que, según la Constitución Nacional, las torturas son hechos punibles de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles, y pueden ser perseguidas por el Ministerio Público.
CITACIÓN. Igualmente, el juez de Garantías citó a los encausados para la audiencia de imposición de medidas cautelares a desarrollarse el próximo 7 de julio, a partir de las 7.00 horas en adelante.
La fiscala solicitó la aplicación del arresto domiciliario y la prisión preventiva, teniendo en cuenta la expectativa de pena.
No obstante, por la edad de los encausados, el Código Procesal Penal prohíbe la aplicación de la prisión preventiva a personas con más de 70 años de edad, con lo que varios de ellos ya no serán remitidos a la penitenciaría de Tacumbú.
Todos ellos serán notificados de la admisión del acta de imputación en su contra por parte del magistrado.
EL HECHO. En el caso, la fiscala Liliana Zayas Guggiari dice que los hechos fueron cometidos entre los años 1976 y 1978 en el entonces Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, lugar donde los imputados cumplían funciones.
En este sentido, resultó víctima Domingo Guzmán Rolón Centurión, a quien sometieron a todo tipo de sufrimientos físicos y mentales.
La denuncia fue radicada luego de la caída de la dictadura, con lo que se inició la investigación fiscal pertinente. Finalmente, la agente encontró elementos de convicción contra los encausados y presentó la imputación.
Con respecto a las medidas cautelares, la representante del Ministerio Público pide arresto domiciliario para Nicolás Lucilo Benítez Santacruz, Camilo Almada Morel, Eusebio Torres Romero, Agustín Belotto Vouga, Manuel Crescencio Alcaraz, Obdulio Argüello Brítez, Felipe Nery Saldívar y Fortunato Lorenzo Laspina.
En cuanto a Mario Flores Cáceres y Juan Aniceto Martínez Amarilla, se solicita la prisión preventiva, la cual será analizada por el juez de Garantías durante la audiencia a la que fueron citados.
Según el Ministerio Público, todos los imputados prestaron indagatoria. La imputación se dio a conocer en coincidencia con el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que se recordó el 26 de junio pasado. Este proceso judicial recién se inicia.
Torres tiene otra causa pendiente
En marzo pasado, el fiscal de derechos humanos Santiago González Bibolini imputó a Eusebio Torres Romero (quien había sido condecorado por el ex ministro Francisco de Vargas) por supuesta tortura y solicitó el arresto domiciliario debido a su avanzada edad. La denuncia fue presentada por las víctimas Carlos Ernesto Casco, Luis Alberto Casco y Teresa Aguilera de Casco, quienes habrían sido detenidos de manera ilegal. Todos declararon y hay documentos del Archivo del Terror en la causa.
“No sea elemento distractor para otros temas”
Guillermina Kanonnikoff, una de las tantas víctimas del régimen de Alfredo Stroessner, aplaude y festeja la imputación presentada por la fiscala Liliana Zayas contra diez torturadores de esa época, pero espera que no sea (la imputación) un elemento distractor para la ciudadanía. La activista sostiene que el procesamiento aparece en un momento en que se está clamando justicia en el caso Curuguaty, por el crimen del dirigente liberal Rodrigo Quintana y muchas otras injusticias.
“La justicia tiene que demostrar la independencia de los otros órganos del Estado, ya que vemos un Poder Judicial totalmente anacrónico, sometido a otros poderes del Estado”, mencionó.
Kannonikoff recordó que Eusebio Torres fue uno de sus torturadores y que siempre estuvo al frente de los grandes autores de muchas masacres ocurridos en el país.
La mujer también nombró a Lucilo Benítez (Cururu Pire), Juan Martínez –este es el que asesinó a su marido– y Camilo Almada Morel, fueron querellados por ella y fueron condenados y ahora están libres por compurgar sus penas.
La fiscala del caso, Liliana Zayas, mencionó que la investigación fue larga y difícil a raíz de que se tuvo que recurrir a muchos documentos de diferentes instituciones para llegar a imputar a los diez presuntos torturadores, en base a la denuncia presentada por una de las víctimas de la dictadura, Domingo Guzmán Rolón, en octubre del 2011, quien está vivo y ayudó en todo momento a esclarecer el caso. “Hemos recurrido a muchos documentos que nos fueron proporcionados por el Museo de la Memoria, el Museo de la Justicia, el Centro de Documentación y Archivos para la defensa de los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo”, mencionó la agente fiscal.
