Un Tribunal de Apelación anuló parcialmente el fallo en el caso conocido como audios filtrados del Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados (JEM).
De esta manera, dos de los procesados en la causa, el ex secretario general del Jurado, Raúl Fernández Lippmann y el abogado y ex ministro del Interior, Carmelo Caballero, deberán afrontar a un nuevo juicio oral.
Según la resolución de Apelación, el Tribunal integrado por los camaristas Arnulfo Arias, José Agustín Fernández y Gustavo Auadre, consideró que las calificaciones de tráfico de influencias y asociación criminal deben ser en forma agravada y no como calificaron los jueces.
Es por ello que envían los antecedentes de los magistrados y de los fiscales a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público.
Igualmente, el Tribunal ratificó la absolución del ex senador Jorge Oviedo Matto en la causa, así como la extinción de la acción por la muerte del ex senador colorado cartista, Óscar González Daher, quien se desempeñaba como presidente del Jurado.
Oviedo Matto fue imputado solo por tráfico de influencia, en el marco de los audios filtrados del JEM y fue absuelto de culpa y pena.
antecedentes. Raúl Fernández Lippmann y el ex ministro del Interior, el abogado Carmelo Caballero, fueron condenados con penas leves por el hecho punible de tráfico de influencias en el caso conocido como audios filtrados del JEM.
No así por el delito de asociación criminal, que no pudo ser comprobado durante el juicio.
Fernández Lippmann fue sentenciado a 2 años de pena privativa; sin embargo, no fue a presión, ya que los jueces le beneficiaron con la suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Tampoco podrán ejercer cargos en la función pública por un periodo de siete años.
Misma condena recibió Óscar González Daher, pero se extinguió la acción con su muerte.
Para el abogado Carmelo Caballero, quien representaba a Luis Saguier Blanco en la causa de Electrofácil, el Tribunal dispuso la condena de 1 año 8 meses con suspensión a prueba, además de la inhabilitación de cinco años para el ejercicio de funciones públicas por haber obrado para presionar y destituir a la ex fiscala Teresa Rojas.
