Ha pasado la primera semana del ciclo de audiencias informativas que convoca la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional, en el marco del estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2022.
Han acudido a esta instancia del Legislativo poco más de una decena de instituciones en defensa de sus presupuestos internos, entre ellas, entidades de mucho volumen en términos de gastos, como el Ministerio del Interior, Defensa Nacional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Aunque la mayoría dijo comprender la complicada situación de los ingresos, debido principalmente a la caída tributaria por la pandemia y la menor generación de energía por la histórica bajante de los ríos, los pedidos de ampliación presupuestaria –comúnmente conocidos como “pecheos”– ya están por los USD 25 millones. De las 11 entidades que acudieron a la Bicameral, solicitaron formalmente más dinero el Ministerio del Interior, la Contraloría, Dibén y Desarrollo Social.
Si bien es difícil negar que faltan más policías en las calles ante la creciente inseguridad, que la supresión de los programas de subsidios directos transitorios tendrá un impacto en los ingresos familiares o que el ente contralor necesita ampliarse para mejorar las tareas anticorrupción, el PGN 2022 podría considerarse aún como un plan de gastos de transición.
Venimos de un 2020 muy duro por la pandemia y un 2021 en el que, si bien nos estamos recuperando de ese impacto sanitario, es todavía una recuperación gradual y endeble. En ese sentido, este plan de gastos de transición está pensado –al menos eso es lo que se refleja en la asignación de los recursos– en mantener el ampliado sistema de salud, en continuar apoyando a sectores que siguen golpeados por la crisis y en no detener a los motores que impidieron una caída en picada de la economía.
Esto último se puede resumir en tres ejes: sostener el crecimiento en salud pública, tanto a nivel de infraestructura y equipamientos, como en lo que tenga que ver con insumos y personal, lo que es fundamental para acortar la brecha histórica en atención; el fortalecimiento de los programas de protección social, con aumentos en la cantidad de beneficiarios de programas como Tekoporã y adultos mayores, lo que permitirá seguir subvencionando a familias que han entrado al rango de pobreza o han empeorado su nivel de ingresos; y finalmente, mantener el ritmo de obras por encima de los USD 1.000 millones, hecho que no solamente genera mucho empleo, sino que también tiene un efecto derrame importante, debido a la gran cadena logística que incluye.
El acotado margen de espacio que tiene el Tesoro –como ya se explicó unas líneas más arriba–, a lo que se suma la necesidad de ir disminuyendo los niveles de deuda y déficit para cumplir con el plan de convergencia fiscal, inducen a las instituciones a ajustarse los cinturones, por un lado, y a ser pacientes e ingeniosos para obtener resultados acordes con lo esperado, por el otro.
En términos más sencillos, hay poco dinero y muchas necesidades, pero es primordial que las autoridades y la clase política entiendan esta coyuntura.
Sería absurdo pensar en inflar los gastos dentro del PGN 2022, porque los recursos no se crean mágicamente, lo que puede significar solamente dos cosas: restar recursos a salud, programas sociales o inversión; o aumentarles la carga de impuestos a los contribuyentes del Fisco.
Apenas ha pasado una semana del ciclo de audiencias en la Comisión Bicameral del Parlamento. En un año electoral como este es de esperarse que los pedidos de ampliación solo vayan en aumento, así como los reclamos de aumento salarial. Si los legisladores ceden y toman decisiones populistas, el PGN 2022 se convertirá en otra herramienta de miseria y desigualdad.
