La diputada Olga Ferreira, una de las proyectistas, manifestó que se tiene como principal objetivo resarcir de alguna manera los daños que pudieron haber ocurrido en estas personas, además de poner en riesgo la vida y en muchos casos el fallecimiento de los soldados y conscriptos.
“Muchos de los ex combatientes quedaron con secuelas y son cuidados por sus padres ancianos”, remarcó.
La preocupación de algunos legisladores fue el hecho que no se contaba con la nómina de beneficiarios, pero que según comunicó Ferreira, la lista es un proceso administrativo que no corresponde al Congreso sino a los ministerios involucrados, en este caso el de Defensa Nacional y del Interior.
El proyecto establece, entre otros puntos, que podrán ser beneficiarios todos aquellos gestores combatientes, o en su defecto sus herederos (parientes consanguíneos hasta el primer grado).
El monto será desembolsado en un único pago según escala, herederos de gestores combatientes que perdieron la vida en la gesta del 2 y 3 de febrero, una indemnización equivalente a 3.000 jornales mínimos; gestores combatientes que participaron directamente en los combates desarrollados el 2 y 3 de febrero, una indemnización equivalente a 2.000 jornales; y viuda o pariente de primer grado de consanguinidad de gestores combatientes fallecidos posteriormente al conflicto, una indemnización equivalente a 2.000 jornales mínimos.
Esto debe ser demostrado por una serie de documentos.
