Para el Gobierno de Mario Abdo Benítez, el 2019 era el año en el que debería haber dado señales claras sobre las reformas que haría, no solo para la ejecución presupuestaria, sino también para el diseño del Presupuesto 2020.
El Presupuesto General de la Nación del presente año debería reflejar las iniciativas definidas en 2019 y que marcarían los siguientes años como identitarias del periodo gubernamental. Sin embargo, es poco lo que queda claro del paso de 2019 en lo que impacta de manera directa a la ciudadanía.
El emblemático Metrobús, fundamental para mejorar la calidad de vida, reducir la contaminación y elevar la productividad del trabajo, fue una de las grandes obras fracasadas. Si bien era responsabilidad de las autoridades anteriores, las actuales no pudieron plantear una solución alternativa clara, ni mucho menos presentarle a la ciudadanía un plan de reforma integral del sistema de transporte público y cuyas fases puedan ir incorporándose en los siguientes presupuestos.
La salud y la educación, luego de varios años de avances en algunos indicadores, muestran cada vez mayor deterioro, a pesar de un aumento en los recursos. Una aspiración mínima es no retroceder los pocos pasos dados e iniciar transformaciones estructurales. Lastimosamente, pareciera que estamos ante el peor escenario. Da la sensación de que estamos retrocediendo y que no existe una trayectoria para el futuro.
El año que se acabó tampoco fue bueno para la economía de la mayoría, ya que no se vieron cambios relevantes en los niveles de empleo e ingresos. El trabajo es la principal fuente de recursos para los hogares, por lo que cuando este no funciona, la pobreza y el malestar económico constituyen las obvias consecuencias. Tampoco se observaron mejoras en la política dirigida a la agricultura familiar, que cuenta con programas y presupuesto público, mientras que la política laboral activa está casi ausente.
A pesar de las promesas de reducir la corrupción y mejorar la gestión pública, puntos de partida para la mayor eficiencia y eficacia del presupuesto público, no se observan soluciones más allá de las ya existentes, cuyos resultados en el pasado han demostrado ser mínimos. Paraguay necesita desde un pacto con el Poder Judicial para enfrentar la impunidad, hasta la efectiva implementación de la carrera del servicio civil y medidas concretas que combatan el tráfico de influencias, los conflictos de interés, el abuso de poder, las sobrefacturaciones o la colusión empresarial.
En definitiva, la política fiscal, concretizada en la ejecución presupuestaria del año 2019, muestra pocos cambios relevantes con respecto a los años anteriores. Por lo tanto, no resulta llamativo que su impacto en la vida de las personas se haya sentido poco y eso, a su vez, se refleje en el malestar ciudadano. El Gobierno debe tomar conciencia de esta situación y empezar a dar señales de cambio, frente al riesgo de que el malestar se transforme en ingobernabilidad.