El Presupuesto General de Gastos de la Nación es uno de los principales instrumentos de la política pública y es el más importante de la política fiscal. La forma en que se estructura y se aprueban los recursos revelan las prioridades nacionales y el compromiso que el país asume por garantizar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos.
El Presupuesto de ingresos muestra implícitamente el pacto social que rige la convivencia ciudadana. En la vigencia de un marco de solidaridad, se espera que quienes ganen más paguen más y con ello que los recursos genuinos financien el desarrollo del país. La baja e inequitativa presión tributaria parece señalar que estamos muy lejos de un acuerdo basado en los valores democráticos y republicanos.
La consecuencia en los últimos años ha sido el crecimiento del endeudamiento que no solo ha puesto en entredicho el principio de solidaridad, sino que además transfiere a las generaciones futuras la responsabilidad del pago teniendo en cuenta que el país no tiene un mecanismo que desde ahora permita contar con un fondo para enfrentar los vencimientos futuros sin afectar el gasto en políticas estratégicas.
El Presupuesto de Gastos acumula serias falencias. La inadecuada asignación a las remuneraciones no solo impide incluir componentes meritocráticos en la carrera del servicio civil, sino que también rigidiza el Presupuesto, ya que estos son gastos que deben ser priorizados cada mes. Esta situación hace que en muchos programas se terminen financiando solo salarios y no se cuenten con insumos; por lo tanto, terminan teniendo pocos resultados. Una política de educación sin materiales pedagógicos suficientes, infraestructura con una mínima calidad y alimentación escolar no garantiza condiciones básicas para el aprendizaje. Similar situación se repite en la política de salud que no cuenta con medicamentos o la de agricultura familiar sin insumos.
Una estructura presupuestaria deficiente solo lleva a gastar en el pago de salarios sin tener resultados. Si a este problema se agrega el déficit público y la necesidad de endeudamiento externo no solo tenemos un Presupuesto ineficaz en el presente, sino también inequitativo en el futuro, ya que se terminan trasladando los costos del inadecuado diseño a las generaciones futuras. El Presupuesto debe ser capaz de promover políticas de calidad y paralelamente reducir las desigualdades. Con la estructura actual y el desfinanciamiento que presenta, estos objetivos serán difíciles de lograr, pero es necesario empezar el cambio, aunque este sea difícil de conseguir y lleve varios años de trabajo y negociación.
Lastimosamente, el año preelectoral no solo no ayudó, sino que promovió conductas perversas de parte de los políticos. Si bien los parlamentarios son los últimos responsables de la aprobación del Presupuesto no hay que olvidar que muchos de estos pertenecen a la misma línea política del titular del Ejecutivo.