10 may. 2024

Presión ciudadana ayudó a Fiscalía a investigar la corrupción política

Varios legisladores investigados por enriquecimiento ilícito y corrupción abrieron paso a la pérdida de investidura y renuncias. La presión ciudadana fue clave para exigir fin de impunidad.

En los últimos años, la presión ciudadana consiguió que el Ministerio Público concentre su investigación en los casos de corrupción que involucran a legisladores y políticos de diferentes sectores.

Como nunca ocurrió en la historia de la era democrática, algunos sufrieron la pérdida de investidura, otros se vieron forzados a renunciar y terminaron incluso en prisión. El esquema para el enriquecimiento ilícito es uno de los elementos en la mira de la investigación judicial.

Esta semana, la Contraloría General de la República hará públicas las declaraciones juradas de bienes o rentas de todos los funcionarios públicos. Ayudará a ejercer mayor control social pese a la maniobra que hasta último momento realizaron los diputados que incluso despenalizaron las declaraciones juradas falsas para protegerse e incluso pretendieron interferir en las decisiones de los ministros de la Corte para blindar esta información.

IMPUTACIONES. En los últimos dos años, el Ministerio Público produjo imputaciones y acusaciones de gran impacto por casos de corrupción a políticos de todos los sectores. Días antes de asumir el mando presidencial Mario Abdo, en el 2018, hubo una fuerte presión ciudadana movilizada que exigió la salida de José María Ibáñez de la Cámara de Diputados por el escandaloso caso de los caseros de oro. Acorralado, no le quedó otra que dar un paso al costado y dejar su curul.

A partir de ahí se dieron una serie de sucesos que salpicaron a políticos de peso. Uno de los casos incluso tumbó al entonces poderoso senador Óscar González Daher (ANR), quien primero fue investigado por tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que le valió su pérdida de investidura. Luego la Fiscalía lo acusó por enriquecimiento ilícito y declaración falsa tras un informe de la Seprelad que reportó operaciones sospechosas del ex legislador. Junto a su hijo Óscar González Chávez serán sometidos a juicio oral y público.

Otro caso sonado fue la investigación con prisión al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa por enriquecimiento ilícito.

EEUU. La serie de investigaciones realizadas en el ámbito judicial fueron aplaudidas por el Gobierno de Estados Unidos. A finales del año pasado, el Departamento de Estado anunció la prohibición de por vida del ingreso en territorio norteamericano a González Daher y Díaz Verón y a toda su familia, por encontrarse vinculados a graves casos de corrupción.

En el Senado sumaron otros legisladores investigados por corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Víctor Bogado (ANR) sufrió la pérdida de investidura en el 2019 por el sonado caso de la niñera de oro. También el ex senador Dionisio Amarilla del PLRA perdió la investidura tras la investigación de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y corrupción.

En la nómina de políticos investigados también están el ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro, y el ex ministro de la SEN Camilo Soares.

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Aliados políticos en la mira
Las investigaciones de la Fiscalía giran en torno a aliados políticos del presidente Mario Abdo Benítez salpicados en casos de corrupción y supuesto enriquecimiento ilícito.
Uno de ellos es el ex presidente de la Cámara de Diputados Miguel Cuevas, hoy recluido en la Agrupación Especializada de la Policía. Es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito en la época en que estuvo al frente de la Gobernación de Paraguarí.
Tuvo un soporte importante en la campaña electoral de Abdo y participó en varios actos oficiales al lado del presidente.
Otro aliado oficialista que cayó es el diputado Ulises Quintana, vinculado al supuesto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabañas en el marco de una investigación de Antidrogas.
En los últimos meses las investigaciones se centraron en supuestos casos de corrupción que se dieron durante la pandemia. Está el caso de Patricia Samudio, ex titular de Petropar, aliada del presidente, implicada en compras irregulares. También el ex titular de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo con la compra de las mascarillas a precios sobrefacturados, según el mercado.

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