La iniciativa fue puesta en marcha por el director antinarcóticos de la Policía colombiana, general José Ángel Mendoza Guzmán, quien aseguró que también se busca capturar a jefes de la guerrilla del Ejército de liberación Nacional (ELN), así como a otros narcotraficantes que hacen parte del Clan del Golfo, la mayor banda delincuencial de Colombia de origen paramilitar.
Un informe anual sobre cultivos ilícitos del Departamento de Estado de EE.UU. enviado en marzo al Congreso señala que los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 42 % en 2015 respecto a 2014, mientras que en el mismo periodo se incrementó en un 60 % la producción de cocaína.
Otro informe, divulgado por esos mismos días en Viena por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas indica que la superficie dedicada al cultivo de coca aumentó en Colombia desde las 69.000 hectáreas de 2014 a las 96.000 de 2016, un 39 por ciento más.
El general Mendoza explicó que las personas que denuncien a los jefes del narcotráfico recibirán recompensas hasta por 125 millones de pesos, dinero que será aportado por el Gobierno local y la Policía.
“Las organizaciones dedicadas al narcotráfico buscan evitar que se arranquen las matas de coca que existen en esta parte de Colombia”, dijo el jefe policial, quien explicó que los campesinos de la zona son obligados a protestar y que incluso los grupos de narcotraficantes les pagan para generar desórdenes, obstruir las vías y atacar a la fuerza pública.
Con el plan, dice el oficial, están también “interesadísimos en desarticular organizaciones, en capturar cabecillas del crimen organizado que están en esta parte del país” entre ellos alias “HH”, del ELN, que controla parte del narcotráfico en esa región colombiana.
Enfatizó que la estrategia puesta en marcha cumple los planes del Gobierno para erradicar los cultivos ilícitos que incluye la sustitución forzada y la voluntaria.
La sustitución voluntaria aplica para los pequeños cultivadores. Ellos pueden acogerse a un programa, firman unos documentos y reciben unos beneficios económicos que pueden llegar a los 36 millones de pesos (unos 12.000 dólares) para que se dediquen a una nueva actividad legal.
“Los acuerdos no son para los grandes cultivadores ni para el crimen organizado”, dijo Mendoza, quien citó que en la parte rural de Tumaco, un municipio del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, hay grandes plantaciones de coca y que ese es el gran objetivo de la nueva estrategia.
Indicó que la Policía respaldada por las fuerzas armadas erradican unas cien hectáreas de coca por día en esta zona del país.
Destacó los resultados de los Centros Estratégicos de Operaciones (CEO) desde los cuales se planean las diferentes estrategias para “atacar todos los eslabones del narcotráfico”.
Además del CEO de Tumaco, que tiene jurisdicción sobre los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo, hay otros en Norte de Santander, Antioquia y Guaviare, en donde hay grandes plantaciones de coca.
En lo que va de este año las labores del CEO de Tumaco han permitido la incautación de 63 toneladas de cocaína, 30,5 de marihuana, 49 de opiáceos.
También han destruido 349 laboratorios para el procesamiento de coca y han erradicado casi mil hectáreas de coca.
Mendoza recordó que las estrategias de los CEO no se limitan a lo coercitivo, desarrollado por la fuerza pública, sino que a los sectores en los que hay plantaciones de coca llega el Estado a través de sus diferentes brazos como son el Ministerio para el Posconflicto y Prosperidad Social, entre otros.
Recalcó que no se puede permitir que otras organizaciones de narcotraficantes copen los espacios que dejaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que el noviembre pasado firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno que incluye que esa guerrilla deje sus relación con el narcotráfico.
