La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera alarmante el elevado número de niñas embarazadas en Paraguay; ve con preocupación “la escasa participación” de las mujeres en cargos electivos; así como el desalojo de sus tierras ancestrales que sufren los indígenas, y la situación de hacinamiento y violencia en los centros penitenciarios, y la discriminación. Así resumió el relator Joel Hernández lo que pudo constatar en la visita de 4 días al país, que concluyó ayer.
El comisionado instó al Estado paraguayo a avanzar en un marco normativo que proporcione una mayor participación de las mujeres en la vida pública. Recordó que la paridad de representación de las mujeres es un eje fundamental de la igualdad y no discriminación.
El relator dijo que se tomó con preocupación el índice de asesinatos y ataques en contra de las mujeres, basados en su género.
Recordó al Estado de su obligación de adoptar medidas especificas para modificar patrones culturales, prejuicios, costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad de las mujeres y que generan violencia en su contra. También formuló un llamado al Estado a avanzar en la investigación de los casos de feminicidios.
En cuanto a la “considerable cifra” de niñas de entre 10 a 14 años con secuelas de violencia sexual cometidas, en muchos de los casos, por parte de familiares, y de niñas embarazadas, la CIDH insta al Estado a revisitar la decisión de eliminar la enseñanza de género en las escuelas. Considera que dicha disciplina cumple un rol fundamental en avanzar con el conocimiento de las causas y los impactos del embarazo infantil, con miras a reducir sus cifras.
El relator aprobó la intención expresada por las autoridades del área niñez de tratar el criadazgo dentro de la figura jurídica de la trata de personas, y aplaudió el compromiso asumido por el Estado de atacar el tema por medio de campañas educativas para estigmatizar esta práctica naturalizada en el Paraguay. En la actualidad, el número de niñas, niños y adolescentes que, en garantía de sustento y educación, son enviados por sus familias para servir de personal doméstico en otras casas es de 46.993.
El relator resaltó preocupación por las decisiones tomadas por autoridades municipales en las ciudades de Encarnación y Hernandarias, de rechazar las manifestaciones pacíficas de personas Lgtbi. Al respeto, destacó que en una sociedad democrática, el Estado debe proteger la libertad de expresión de todas las personas y garantizar la igualdad y la seguridad en las manifestaciones pacíficas. Abogó porque se pague las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura del general Alfredo Stroessner y, con respecto a la situación de las cárceles, exhortó a las autoridades judiciales a recurrir a medidas alternativas a la prisión, contempladas en la legislación penal del país. Hernández anunció que la semana entrante la CIDH emitirá un informe final sobre esta visita al Paraguay.
Caso Arrom-Martí concluyó con sentencia de Corte IDH
Para la CIDH el caso Arrom-Martí ha sido concluido en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, expresó ayer el comisionado Joel Hernández, consultado sobre la situación de los tres paraguayos que demandaron al Estado paraguayo por tortura y que ahora se hallan como refugiados políticos en Finlandia. Conforme al Artículo 27 de la Convención Americana las sentencias de la Corte son obligatorias y definitivas, explicó el relator de la CIDH. “El rol de la Comisión quedó cumplido una vez que se presentó el informe de fondo y el caso fue llevado a la Corte IDH”, dijo ayer.
Sobre la actual situación de Arrom y compañeros, dijo que otros organismos internacionales serán los que darán seguimiento a las solicitudes de refugio o de extradición que se requieran.