Recordemos que el Consorcio Tavai, integrado por las empresas CDD Construcciones SA (Paraguay) y Ramón Álvarez Construcciones SA (Uruguay), fue adjudicado con el proyecto en cuestión por USD 65 millones. El grupo presentó en su oferta el currículo de Quiñónez (como ingeniero residente) sin su consentimiento, según evidenció el afectado, y lo presentaron como experto en una especialidad que no era la suya, solo para “cumplir” con las exigencias del pliego.
Mientras tanto, Obras Públicas permitió el cambio del profesional después de la adjudicación, a través de un acta, firmada por representantes de la contratista y el MOPC. Esto llama la atención, ya que la cartera eliminó a varios oferentes de otras licitaciones, justamente, por no cumplir el perfil profesional exigido.
Pankow agregó que la Fiscalía debe investigar el tema y sacar a la luz el hecho denunciado. Por su parte, el viceministro de Obras, Manuel Cano Fleitas, aseveró que el caso de la supuesta falsificación debe ser investigado a nivel del Ministerio Público, atendiendo a que se trata de un hecho punible, y que Contrataciones Públicas debe definir si se rescinde o no el contrato.
La adjudicación del tramo San Juan Nepomuceno-ruta 6 está bajo sospecha a raíz de denuncias de presuntas irregularidades.
El ingeniero Silvio Quiñónez, representante de la constructora Yatyta SA, que en su momento fue aliada de la firma uruguaya Ramón Álvarez Construcciones SA (en la mencionada licitación), denunció serias irregularidades en la adjudicación en cuestión, después de que su empresa fuera dejada de lado, tras la firma del contrato.
Quiñónez sostuvo que llama mucho la atención que el MOPC haya insistido tanto para adjudicar la obra al Consorcio Tavai, a pesar de que el propio financista del proyecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), haya dado un dictamen no favorable.