25 abr. 2024

Políticos deben dejar de conceder privilegios con recursos del PGN

Considerando las últimas decisiones de algunos funcionarios del Gobierno, Mario Abdo Benítez está conduciendo al país hacia un Paraguay de la gente, pero de la gente amiga, es decir, los correligionarios, operadores políticos y parientes en general. De otra manera no se puede entender que permita una discordancia tan grave entre sus ministros, sobre un tema todavía más grave como es impactar el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) con aumentos discriminados y sin concurso para funcionarios públicos. Los aumentazos están generando un conflicto de posturas entre Hacienda y la Secretaría de la Función Pública. Debe primar la cordura, pues el país no puede permitirse más aumentos y privilegios con criterios de amiguismo.

Los paraguayos tenemos 301.926 empleados a quienes sostenemos con nuestros impuestos. De este total, unos pocos privilegiados que suman 2.123, recibieron jugosos reajustes de salario, realizados sin consulta con el Ministerio de Hacienda y sin haberse convocado a concurso alguno. La mayor cantidad de incrementos fueron otorgados al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de la Niñez.

De esta manera gran parte de los parlamentarios se burlan del pueblo paraguayo, armando una jugada que beneficia a unos pocos amigos, correligionarios, operadores políticos y de la misma manera y sin que les importe, ponen en serio riesgo las finanzas públicas del país.

Los más que generosos aumentos van entre el 2% y el 251%, lo que en el plan de gastos del Estado va a significar lo siguiente: que 73 de cada 100 guaraníes que recauda el Fisco serán destinados exclusivamente al pago de salarios de funcionarios. Al mismo tiempo, la rigidez presupuestaria se encuentra en torno al 92%, lo que equivale a concluir que solo el 8% de todo el Presupuesto de Gastos del 2019 podrá ser destinado a inversiones sociales o inversiones físicas.

Pero el denominado aumentazo, además de impactar seriamente en el PGN 2019, está logrando crear un conflicto entre las autoridades de Hacienda y de la Función Pública, debido a la diferencia de posturas que mantienen.

En su Resolución 130/19, utilizada para suspender el pago de los salarios a los beneficiados con los reajustes, Hacienda sostiene que la asignación de categorías, sea por ingreso o por recategorizaciones, debe necesariamente asociarse a la realización de concursos como fija la Ley 1626/00.

Por el otro lado, la Secretaría de la Función Pública, mediante el dictamen 01/19, sostiene que, teniendo en cuenta el derecho laboral vigente en nuestro país, el mismo prima sobre todos los trámites administrativos, como son los procedimientos de concursos, por lo que no se pueden dejar de asignar categorías y abonar los salarios al personal estatal. Con lo cual comienza a sentar un muy peligroso precedente.

El pueblo paraguayo no tiene por qué seguir solventando las campañas de los políticos que medran los recursos de un país que tiene carencias tan antiguas: tierra, trabajo, salud y educación.

Este Gobierno tiene en sus manos una muy brillante oportunidad de demostrar que realmente quiere un Paraguay de la gente, y para ello debe tomar en serio la profesionalización de la función pública. Los ministerios y los entes deben dejar de ser un botín del Partido Colorado, y deben dejar de ser la agencia de empleo para amigos, amantes o familiares.

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