Opinión

Política fiscal pos-Covid

 César Barreto Otazú, economista y directivo de Dende.

La presentación del programa de recuperación económica por parte del Equipo Económico ha generado una renovada preocupación por el déficit fiscal y el acelerado ritmo de endeudamiento del Estado. Al mismo tiempo, también hay una gran inquietud de todos los sectores por la situación económica recesiva y la incertidumbre que persiste sobre la evolución de la cuarentena en los próximos meses.

Es necesario evaluar concienzudamente y con mucha prudencia las opciones disponibles para tomar las decisiones más sensatas que nos permitan salir lo mejor posible de esta pandemia recuperando el crecimiento económico y los niveles de empleo, pero asegurando al mismo tiempo la solvencia de las finanzas públicas. Ambos factores son fundamentales y es posible instrumentar un programa de reactivación económica de corto plazo con un programa de austeridad fiscal de mediano plazo que nos permita volver al límite de déficit fijado en la Ley 5098 de Responsabilidad Fiscal.

El déficit fiscal del presente año cerraría en alrededor del 6,5% del PIB (unos USD 2.300 millones), resultado de factores transitorios relacionados a la cuarentena sanitaria decretada por el Gobierno para minimizar la propagación del Covid-19. La cuarentena tiene alto impacto recesivo en la economía que, a su vez, por un lado reduce significativamente los ingresos tributarios y, por otro, genera una necesidad de incrementar el gasto en salud, en subsidios para los segmentos más vulnerables y en inversiones públicas que aceleren la reactivación económica. Sin embargo, este nivel de déficit es insostenible y es necesario implementar medidas de austeridad para reducirlo.

Con base en nuestro análisis, para evitar entorpecer la consolidación de la recuperación económica, el déficit fiscal debiera ser reducido al 3,0% del PIB en el 2021 y luego, en el 2022 al 1,5% del PIB, tope previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente. Con esta trayectoria, y excluyendo los bonos emitidos para la capitalización del BCP, la deuda pública alcanzaría el 31,5% del PIB a fines del 2021 y se estabilizaría en este nivel en los próximos años si se respeta en adelante el tope de déficit previsto en la ley.

Por otro lado, según nuestras estimaciones los ingresos fiscales tendrán una merma del 10% este año, que en gran parte serán recuperados en el 2021 en la medida en que vaya avanzando la apertura de todos los sectores económicos y de las fronteras, la actividad económica recupere los niveles prepandemia y el crecimiento del PIB vuelva a su nivel potencial. Además, sumando el impacto recaudatorio estimado de la última reforma, la presión tributaria alcanzaría alrededor del 10,7% del PIB a partir del 2022 en adelante.

Con estos recursos en perspectiva, lo fundamental es una administración austera y racional de los mismos. En este sentido, como mínimo es necesario un congelamiento nominal de los salarios de los funcionarios públicos, suspender los reajustes automáticos por inflación a excepción de las jubilaciones, prohibir las recategorizaciones salariales, eliminar las gratificaciones especiales y suspender las contrataciones e incorporaciones de nuevos funcionarios a excepción del sector salud y seguridad. Estas medidas deberían estar vigentes hasta el año 2023 inclusive y permitirían reducir el déficit fiscal según la trayectoria planteada más arriba. En paralelo, se debiera aprobar e implementar una ley de reorganización y racionalización administrativa del Estado y una nueva ley del servicio civil que ordene la administración del personal en adelante. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda debiera implementar sistemas de control adicionales y vinculantes en todas las compras públicas de bienes y servicios para confirmar su criticidad y precios competitivos, además de otras medidas que apunten a reducir los costos de funcionamiento del Estado.

La administración prudente de las finanzas públicas en los últimos 17 años nos permite enfrentar esta pandemia con solvencia. Para salir bien parados necesitamos un programa de reactivación y para mantener la solvencia fiscal requerimos un férreo programa de austeridad y reformas que mejoren la calidad del gasto público. Ambas cosas son posibles.

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