El hecho, que podría devenir en otra muestra de abuso de autoridad por parte de uniformados, habría ocurrido en Santa Rosa del Aguaray en la madrugada del 9 de febrero, pero el caso recién salió a la luz ayer.
Las supuestas víctimas son Diego Chávez Domínguez, Fredy Danilo González Benítez y José Gauto Montanía, todos paraguayos , y los brasileños Josiel Silva y Eder Deidivi Jung. No realizaron la denuncia en la Policía.
Los oficiales Carlos Vargas de la Comisaría 18ª de Santa Rosa, y Nelson Villalba, subjefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de esa zona del país, ingresaron al hotel céntrico y uno de ellos, con arma larga, señaló que se trataba de un operativo policial.
Ambos agentes estaban vestidos de civil y uno de ellos (Villalba) portaba un arma larga.
Fuentes de la investigación señalaron que, supuestamente, el operativo se realizó ante una presunta versión de tráfico de armas.
Alrededor de las 23.40, del 9 de febrero, ingresaron al lugar dos policías de civil y detuvieron a las personas mencionadas y le habrían liberado horas después, luego de cobrarle, supuestamente, 46 mil reales, alrededor de G. 65 millones.
Irregular. A pesar de que el procedimiento fue de gran envergadura, no hubo informe policial ni acta de procedimiento.
Los policías afirmaron que llamaron al fiscal Alberto Torres para comunicar el operativo, pero que este no habría atendido su teléfono.
Fuentes policiales indicaron que desde la Comandancia de la Policía ya se ordenó que se realice un sumario y que habría cambios de directores policiales en el departamento, pero hasta ahora no hay versión oficial.
Mutismo. Intentamos comunicarnos con el comisario Francisco Gómez, director de Policía de San Pedro, para conocer su versión, pero este no atendió a los llamados.
Lugareños anunciaron que se manifestarán para pedir una depuración de la Policía.
Fiscal desmiente a uniformados
El fiscal Alberto Torres salió al paso para desmentir a los efectivos policiales que realizaron el operativo en el mencionado hotel, asegurando que no fue informado del procedimiento y que tampoco recibió llamadas telefónicas, como manifestaron los uniformados.
“Yo desmiento esa información. Nosotros como fiscales estamos pendientes de cualquier noticia que pueda acontecer. Siempre está prendido y esa es la verdad”, manifestó el agente del Ministerio Público en comunicación con los medios.
Según Torres, son los uniformados los que tienen que responder por este hecho.
Torres indicó que el 10 de febrero, al día siguiente de los supuestos hechos, recibió una llamada telefónica alertando de la situación. Luego, llamó a los intervinientes pidiendo explicación y estos le habrían dicho que demoraron a personas sospechosas, pero que inmediatamente fueron liberadas.
