BARCELONA - ESPAÑA
La policía de Cataluña se mostró ayer reticente ante la orden de precintar los centros de votación para impedir el referendo de independencia del domingo, prohibido por la justicia española, y alertó del “riesgo” de disturbios.
A pesar del despliegue policial y la prohibición del Tribunal Constitucional, los líderes independentistas mantienen como pueden la organización del escrutinio en esta región mediterránea con 7,5 millones de habitantes divididos sobre la secesión.
Tras desmantelar gran parte del operativo electoral, detener altos cargos del gobierno y requisar numeroso material de votación, la Fiscalía reclamó a la policía regional catalana el precinto de los espacios designados para efectuar el voto. Dicha decisión, ante la previsible movilización de ciudadanos que querrán votar, puede “comportar consecuencias no deseadas”, advirtió la policía, los Mossos d’Esquadra, en su cuenta de Twitter. Sin embargo, la orden fue confirmada ayer por una jueza de instrucción que investiga al gobierno regional presidido por Carles Puigdemont de desobediencia, prevaricación y malversación por la convocatoria de este referendo desoyendo la suspensión judicial.
en estrasburgo. Altos cargos del gobierno catalán detenidos por orden judicial por organizar el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, dijeron que denunciarán al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia) por grave violación de los derechos fundamentales. Varios cargos de esa administración fueron detenidos por orden judicial por considerar que formaban el núcleo de los preparativos de esa consulta independentista.